Reforma a la justicia, un debate

Hace un mes apelamos a que existiera un debate acerca de la reforma a la justicia que plantea el Gobierno. No sólo porque supone el cambio de dirección de una gran cantidad de artículos de la Constitución, sino por ser un tema de alta relevancia y que está a la espera de un profundo cambio.

El Gobierno, tras diez meses de discusiones no muy alentadoras con las cortes, presentó un proyecto al Congreso que deberá ser discutido. Ante esto, representantes de la Rama se mostraron insatisfechos y alegaron que dicha reforma eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) —un organismo importante para ellos— y minaba la autonomía judicial. ¿Qué dijo el Gobierno? Que estaba sorprendido. Pero pese a esto, soltó la pelota y dijo que la Rama podría presentar su propio proyecto.

Y así fue. En días recientes el Consejo de Estado mostró al país su propuesta de reforma a la justicia. Un texto que es distinto en muchas de las modificaciones que el Gobierno pretende hacer. Un paralelo entre los dos revela que las diferencias son muchas. Pero las más controvertidas —política y jurídicamente— son dos: una vez más, la existencia del CSJ y el presupuesto para la Rama.

El Gobierno quiere presentar una transformación al CSJ volviéndolo un Consejo Superior Judicial, conformado por los presidentes de las altas cortes, tres delgados de cada una, el fiscal general, el ministro de Justicia y el gerente de la Rama Judicial. Los representantes de la Rama han dicho que esto no es conveniente, porque habría miembros de este órgano que no pertenecen al Poder Judicial, cosa que representa, para ellos, una invasión de poderes. Lo que no parecen tener en cuenta es que estos últimos tres actuarán con voz pero sin voto, asunto que, más allá de simbólico, es determinante en la escena del contrapeso de poderes. No queda muy claro, tampoco, por qué insistir en que esto se trata de una “invasión” de los poderes públicos, si más bien puede verse como una “colaboración armónica entre las ramas”, asunto que la Constitución exige.

El proyecto del Consejo de Estado, por el contrario, reestructura el CSJ y lo divide además en tres salas distintas: de gobierno, administrativa y disciplinaria. Tendrá que explicar por qué y cómo funcionará un órgano que hasta la fecha es tan cuestionado por jueces y abogados del común.

El segundo punto es el de la plata. La Rama pide que se dé un 5% del presupuesto anual para su sector. El Gobierno dice que esto es imposible, ya que no hay tanto dinero a disposición dentro de las arcas del Estado. Mientas unos dicen sí, otros dicen no.

Esta discusión ha enfriado un poco las buenas relaciones que Santos pretendía entablar con la Rama Judicial, cosa no muy agradable. Pero lo que sí puede considerarse como grave es que no ha existido ni el esbozo de un debate. Ha habido, más bien, un “toma y dame” no muy conveniente para un asunto tan necesario. Es hora de que se sienten a responder preguntas sencillas. Para el Gobierno: ¿Con qué tiempo dirigirán los presidentes de las altas cortes el Consejo Judicial si están ocupados en la administración de justicia de su jurisdicción? Si los presidentes rotan cada año, ¿cuál va a ser la continuidad de dicho Consejo? ¿Es permanente? ¿No lo es? Y para la Rama: ¿Por qué insisten en la existencia del CSJ existiendo tantas quejas de su lentitud burocrática y aislamiento de la justicia? ¿Qué hay de malo en la regulación que el Gobierno propone para las tutelas contra sentencias?

Hace un mes pedimos discusión y hoy lo volvemos a hacer. Esto porque el asunto no puede pasar a pupitrazo a manos de la arrolladora Unidad Nacional, sin que les digan a los ciudadanos cómo y por qué se va a cambiar el esquema constitucional vigente.

 

 

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