Con derecho a adoptar

Hace unos meses, un par de niños de 10 y 13 años estaban internos en el ICBF a la espera de una familia que los adoptara y les pudiera dar una vida mejor. Un proceso que podría tornarse cada vez más difícil debido a su edad. Por fin, un periodista estadounidense, llamado Chandler Burr, estuvo dispuesto a brindarles una familia, con el amor, la dedicación y la entrega que todo esto requiere. Y lo logró.

Listos ya para irse a Estados Unidos, el padre les manifestó a algunos funcionarios de la entidad su condición de homosexual. Un dato que se nos antoja irrelevante, teniendo en cuenta tres factores poderosos: que su condición sexual no fue requerida en el momento de evaluar su idoneidad para ser padre, que el Código de la Infancia y de la Adolescencia, hoy vigente, no establece la orientación sexual como un criterio relevante a la hora de evaluar al padre adoptante y que existen ya muchos estudios empíricos que demuestran que las personas homosexuales pueden ser igual de buenos o malos padres que los heterosexuales.

El ICBF, sin embargo, aseguró a través de su director, Diego Molano Aponte, que en el caso se presentaba una novedad y que debía hacerse, entonces, un análisis especial. No entendemos la razón de esta novedad. Los abogados del periodista indagaron varias veces acerca del porqué de esta decisión y encontraron una sola respuesta: que había ocultado una información relevante. Si la orientación sexual es un tema que es igualitario en Colombia (desde hace nada menos que 20 años), no puede volverse un elemento que dé paso a un trato diferente. ¿Por qué es esto, entonces, una circunstancia para considerar? O mejor, invirtiendo la pregunta y para dejar todo más claro, ¿lo sería si Chandler Burr hubiera manifestado que es heterosexual?

Tanto es la pregunta inviable que, como asegura Rodrigo Uprimny —uno de los abogados de Burr—, la misma secretaría jurídica del ICBF emitió el concepto 5926 de 2011, en el que manifiesta que un cuestionamiento de este estilo va en contravía de los lineamientos de la Constitución de 1991, en cuanto a que nadie puede ser discriminado por su condición sexual. En el plano jurídico es, entonces, un problema inexistente. Una persona homosexual puede adoptar desde la perspectiva de nuestro ordenamiento.

Pese a esto, hizo falta que un juez de familia lo recordara a través de una providencia judicial en firme al inicio de esta semana: la condición sexual no es un argumento válido para retirar la patria potestad del menor. Los argumentos en contra de esta decisión, por supuesto, no se harán esperar. Los que más suenan son que los niños crecerán en un ambiente distinto y estarán sujetos a más discriminación, o que un homosexual no tiene las mismas condiciones para cuidar a un niño, o que en ese ambiente los niños podrían terminar siendo homosexuales. Todos, uno a uno, argumentos refutables, que no tienen cabida en un debate moral o jurídico serio. Porque la discriminación se elimina con medidas como éstas, porque hasta hoy no hay un solo estudio que demuestre que los padres heterosexuales son mejores que los de una orientación distinta y porque ser homosexual, en nuestra sociedad, no es algo que deba ser reprochado.

Hace falta mucha tela por cortar. Sobre todo, claridad en el tema. El Congreso debería regular de una vez este asunto, desde una perspectiva constitucional pluralista y ajustada a unas condiciones razonables. Sobre esto se ha construido una serie de dilemas morales que no deberían tener cabida. Tal y como lo aseguró el mismo Burr: para su país, al contrario, es extraño que la adopción por parte de personas homosexuales sea un tema tan controvertido en Colombia.

 

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