Defender la libertad de expresión

LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está encargada de velar —a través de informes, análisis de denuncias, recomendaciones a los Estados, entre otras medidas— por un derecho que es fundamental para el desarrollo de una democracia en plenitud. No sólo por lo que entraña en sí mismo, sino porque su aplicación muchas veces ha garantizado el restablecimiento de otros derechos humanos.

Esta Relatoría es particular. Nació en 1997 y es distinta a las otras siete que ha creado la CIDH: todas ellas están asignadas a miembros que integran la Comisión, mientras que la de Libertad de Expresión está a cargo exclusivamente de la colombiana Catalina Botero, la relatora.

De igual forma, es la única que no recibe financiamiento de la CIDH ni de los fondos de la OEA. Por esto, una de sus funciones es la recaudación de dineros propios. Su trabajo ha sido destacado por los Estados Miembros, ya que sus informes anuales (contentivos de numerosas páginas en donde se vuelca todo el trabajo) han sido muy importantes para el desarrollo del derecho en cuestión.

Durante los últimos tiempos, sin embargo, unos estados —particularmente Venezuela y Ecuador— han puesto en entredicho la importante labor de la Relatoría. Algunos de sus actos a nivel gubernamental van en contravía de lo que puede entenderse como libertad de expresión: el silenciamiento de la crítica, el castigo a los malquerientes, las batallas contra los medios de comunicación. Cosas así. Y van más lejos. Sobre este ente se tejió una mordaza el 13 de diciembre del año que pasó, ya que el llamado Grupo de Trabajo (creado para el funcionamiento y fortalecimiento del sistema) incluyó tres propuestas de Ecuador en el documento final. Están presentadas en términos generales, sí, pero afectan de manera directa a la Relatoría Especial.

La primera es incluir todos los informes de las relatorías en un capítulo único de su informe anual. Asunto problemático debido a que, como lo mencionamos previamente, son los informes independientes y extensos de la Relatoría Especial los que han ayudado en gran medida a su trabajo.

La segunda, la asignación de presupuestos equilibrados para todas las relatorías. Esto mina un poco la ya creciente autonomía de la Relatoría para conseguir sus propios recursos (sobre todo porque las de los demás son insuficientes).

Y, por último, el establecimiento de un código de conducta para regular la gestión de las distintas relatorías. Si bien no luce problemática, en la práctica supone una disminución de la independencia del organismo, ya que podría impedir que la Relatoría presente recomendaciones o comunicados oportunos para evitar la consumación de una violación del derecho a la libertad de expresión.

Con todo, el documento será evaluado en la próxima sesión del Consejo Permanente de la OEA, que se realizará el 15 de enero que viene. Dadas las circunstancias descritas esperamos, pues, que esta Relatoría Especial, que tantas batallas da para que la libertad de expresión sea un valor enaltecido en las sociedades del hemisferio, pase intacta esta dura prueba que le ponen encima. Los expertos tienden a coincidir en que esta es una especie de mordaza que se le pondría al derecho mismo. Desde las líneas de este periódico esperamos que no sea así.

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