¿Comisión mata Congreso?

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE UN PREsidente de la República nombra una “comisión de notables” para elaborar una propuesta de reforma política.

Como tampoco es la primera vez que esto ocurre en medio de una crisis política, del enfrentamiento entre el Legislativo o de una parte significativa de éste y el Ejecutivo, de cuestionamientos a los partidos políticos y al Congreso, de la salida a la luz pública de actuaciones ilegales o por lo menos ilegítimas y cuestionables de miembros del Gobierno para obstruir la justicia o para incidir en determinadas decisiones, y de la captura de la política por parte de actores armados.

 Basta recordar las comisiones creadas por los ex presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana y reconstruir los momentos en los que esto sucedió, para comprender que esta es una salida frecuentemente utilizada para intentar soslayar delicados problemas de gobernabilidad.

La comisión que nombró el presidente Álvaro Uribe tiene la misión de elaborar una reforma “ajustada a los superiores intereses del país”, según se desprende de un comunicado de la Presidencia conocido hace unos días. La primera pregunta que habría que hacerse es qué son y a quién le corresponde definir dichos intereses.

Difícilmente una comisión conformada por cinco personas, nombradas directamente por el Presidente, sin consulta previa con ningún estamento político o social significativo, puede asumir ese rol. Y es aun más preocupante la ausencia de representantes de la oposición, cuando lo que se supone que se pretende es elaborar una propuesta para la Nación y no sólo para satisfacer los intereses de unos grupos determinados.

Esta comisión se crea como reacción a la reforma política que el Gobierno hundió porque ponía en riesgo sus mayorías en el Legislativo. Si esto sucedió con un proyecto que había hecho tránsito en siete debates en el Congreso de la República, y que por tanto contó con el apoyo de un número significativo de congresistas, ¿qué se puede esperar si las decisiones de esta comisión de cinco personas no llegar a satisfacer las expectativas del Presidente?

El hecho de tener que rendirle cuentas al Primer Mandatario es otra limitación que tiene la comisión, pues en últimas es él quien va a decidir si los contenidos de la propuesta son “adecuados” y acordes a sus intenciones, así como el curso se les debe dar. Es decir, si se modifican, si se debaten públicamente y, lo que es más importante, si se remiten al Congreso, escenario por excelencia y obligado para discutir y aprobar las reformas legales y constitucionales.

Hasta ahora el Presidente no ha dicho cuál va a ser el destino de las propuestas de la comisión. ¿Las va a acoger íntegramente y las va a presentar al Congreso? ¿Las va a someter a consideración de las fuerzas políticas del país? ¿Qué pasa si el Congreso no las aprueba o las modifica en el curso de los debates? ¿Hundiría, de suceder esto último, la reforma de la misma manera que lo hizo con la anterior, que tenía origen gubernamental?

El nombramiento de la comisión es una confirmación de la manera como el Presidente piensa la institucionalidad y de la baja estima que siente por el Congreso y por los partidos políticos, en particular cuando éstos no se ajustan a sus ideas e intereses. Así como en el pasado ha invocado la necesidad de mantener a toda costa sus mayorías, aun si sus miembros están ad portas de la cárcel, de la misma manera ahora parece estar dispuesto a desconocer a sus amigos y a los partidos que otrora lo apoyaron, e incluso fueron determinantes para su reelección, cuando éstos no actúan de acuerdo con sus propósitos.

“Comisión mata Congreso” parecería ser la consigna con la cual el Primer Mandatario pretende reformar la Constitución. La crisis por la que atraviesa el país como resultado de la captura del Estado por parte de actores armados y por las investigaciones relacionadas con la yidispolítica no puede resolverla una comisión de cinco personas, por muy “notables” que se proclamen, y mucho menos en un mes.

 Para esto es imprescindible construir consensos con las más importantes fuerzas y sectores políticos y sociales del país y evitar cerrar las puertas a las salidas que esta crisis demanda. Se está perdiendo tiempo y una gran oportunidad para recuperar la legitimidad.

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