Constitución del 91: una mirada hacia el futuro

HOY, 4 DE JULIO, SE CUMPLE UN AÑO más de vigencia de la Constitución de 1991. En estos tres lustros y dos años que han transcurrido desde su expedición, se ha producido toda suerte de balances sobre su impacto en la vida nacional.

El más frecuente ha sido el reconocimiento de su contenido democrático y la consagración de una detallada carta de derechos, así como los efectos de la acción de tutela. También se han examinado los alcances de la democracia participativa y las dificultades para su realización, el papel de la Corte Constitucional y la falta de armonización en las funciones que ejercen las altas cortes. La ausencia de normas para desarrollar asuntos como la autonomía territorial, el estatuto de trabajo y el régimen de garantías al ejercicio de la oposición, son también temas recurrentes a la hora de las evaluaciones.

En diecisiete años de vigencia, la Constitución ha sido objeto de veintiséis reformas. Algunas de ellas insustanciales, otras en consonancia con la realización de los derechos, y, unas más puntuales, en contravía de sus mandatos en favor de la renovación política.

Entre estas últimas se cuentan enmiendas como la que revivió las suplencias en el Congreso y la que otorgó a los miembros de las asambleas departamentales el carácter de servidores públicos para capturar beneficios del Estado. La reforma política de 2003 tuvo efectos contradictorios y muy parciales sobre la transparencia en el funcionamiento de los partidos. En varios casos, las razones que se han invocado para los cambios han sido coyunturales, o para resolver problemas en las finanzas del poder central.

También, llama la atención, la falta de mayores compromisos del Estado y de los gobiernos para su vigencia efectiva. El mandato del Estado Social de Derecho aún dista mucho de la realidad agobiante de pobreza y desigualdad social. De todas las reformas, la reelección presidencial ha sido la más controvertida por los efectos que produjo sobre el diseño institucional y el equilibrio de poderes.

Pero, sin duda, el mayor obstáculo para la aplicación de sus postulados se encuentra en el conflicto armado, en el narcotráfico y en la persistencia de los altos niveles de violencia que le acompañan. Como producto de esta realidad, en amplias zonas del país lo que ha imperado es la ley del más fuerte.

Los últimos episodios de esta semana demandan un nuevo examen sobre el significado y el valor que podría tener, ahora y hacia el futuro, la Constitución. Los años noventa se iniciaron con la promesa de la paz concertada. La Constitución de 1991 fue producto de ese consenso nacional. Algunos grupos alzados en armas, como las Farc y el Eln, se resistieron a ese escenario y optaron por persistir en el camino de las armas.

 Su apuesta estuvo en doblegar la voluntad del Estado y en lograr un nuevo proceso constituyente que los incluyera. En el cuatrienio del presidente Pastrana se estuvo cerca de esa posibilidad, pero la obstinación de las guerrillas, las ambigüedades gubernamentales y una opinión pública saturada por la violencia bloquearon la vía de una solución negociada y, por tanto, la posibilidad de una nueva ronda constituyente.

El presidente Uribe recibió un mandato claro, no una sino dos veces, para doblegar a los grupos alzados en armas. La política de seguridad democrática ha rendido sus frutos. La dinámica del conflicto en 2008 ha debilitado de manera irreversible el proyecto guerrillero. La liberación de 15 secuestrados en manos de las Farc, entre ellos Íngrid Betancourt y los tres norteamericanos, constituye un episodio que marca de manera dramática la suerte de una negociación aterrizada en las nuevas realidades.

En este nuevo escenario, la Constitución del 91 toma un sentido renovado. De superarse las dinámicas más perversas del conflicto y entrar en un proceso de tránsito hacia la paz duradera, la aplicación de sus postulados sería el mejor camino para la consolidación de la convivencia pacífica.

Lograr la presencia del Estado Social de Derecho en toda la geografía nacional; extender la vigencia de los derechos; consolidar las instituciones y llevar adelante las reformas más apremiantes para depurar el sistema político y el régimen electoral, son reformas que harían realidad los mandatos del constituyente. Iniciativas como la posibilidad de una nueva reforma para permitir la segunda reelección debería atemperarse a estas nuevas realidades. Lo que se tiene ahora es un horizonte del cual surge una nueva agenda, en la cual la Constitución es punto de referencia impostergable.

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