Pese a que el Vicefiscal reiteró que el ex senador no puede salir del país y que no se trata de una absolución, algunas voces de protesta han señalado que en realidad se le está tendiendo un salvavidas a uno de los presuntos implicados en la parapolítica debido a sus nexos familiares con el presidente Álvaro Uribe.
Se ponen de presente con este hecho —que se agrega al caso del ex congresista William Alfonso Montes Medina, quien pese a haber firmado el Pacto de Ralito y a haber asistido a una reunión con comandantes de las Auc fue igualmente excluido de la parapolítica por un juez— las tensiones y dificultades que atraviesa la justicia colombiana y, en particular, la Fiscalía.
Por un lado, algunos testigos cambian o varían sus declaraciones —hay quienes hablan incluso de un “cartel de testigos”—, lo que evidentemente dificulta la labor de los jueces; por el otro, la creciente sensación de lentitud en los procesos de justicia, verdad y reparación que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz lleva a que la Fiscalía sea el centro de atención y la depositaria de las miradas de críticos y contradictores.
Es más, la carta del fiscal de la Corte Penal Internacional dirigida al embajador de Colombia en La Haya, Francisco José Lloreda, pregunta si existen garantías de que los máximos responsables de crímenes asociados con el paramilitarismo, incluyendo políticos y miembros del Congreso, serán debidamente juzgados.
Están también las críticas que ha hecho la senadora Gina Parody y su pedido para que se les dé celeridad a las investigaciones por los pactos que adelantaron políticos con los paramilitares —en concreto los acuerdos de Chivolo y de Pivijay—. Y ahora, las reacciones de algunos sectores de la opinión pública, apenas entendibles, frente a la absolución o la exclusión de la parapolítica de ex congresistas o funcionarios del Gobierno.
Todo lo cual, sin embargo, no debería dar al traste con el necesario equilibrio que debe mantener la Fiscalía entre su función de investigadora y su obligatoria devoción al derecho procesal. La Fiscalía debe ser proactiva, ello nadie lo niega y todos lo exigimos, pero también está en la obligación de mantener un control de legalidad absoluto en un contexto en el que la volatilidad de los testimonios de los testigos y la presión por resultados hace tambalear ese dificultoso equilibrio.
En últimas, lo que queda claro nuevamente es que la justicia colombiana, y en este caso la Fiscalía, se encuentra estrechamente ligada a los vaivenes de la política. Ello puede ser bueno, en la medida en que la política es también la encargada de ejercer el necesario ejercicio de control; y ello puede ser terriblemente malo, en tanto puede presionar para que se cometan actos de injusticia que por su gravedad son irreparables.
Bienvenido por supuesto el control que ejercen las presiones de la academia, la oposición, la esfera internacional y los propios medios de comunicación. Pero que no se someta a linchamiento a aquellos investigadores que, ante la fragilidad de algunas pruebas, se ven obligados a desbaratar los procesos con la intención, claro, de volver a armarlos, si ello es necesario. Es el sentido mismo de la democracia y la importancia que ésta le asigna a lo procedimental.