El “derecho a la ciudad”

PESE A QUE EL “DERECHO A LA CIUDAD” está consignado en el Plan de Desarrollo de Bogotá del alcalde Samuel Moreno, lo cierto es que la implicación directa de la tendencia a la expansión hacia las afueras de la ciudad —en detrimento de una mayor densificación y de la mano del Gobierno Nacional con megaproyectos de interés social nacional y su reciente voto a favor del tren de cercanías— contribuye a una mayor segregación socio-espacial.

Del derecho a la ciudad, que retomó el Alcalde de expertos urbanistas de la talla de Jordi Boja para su carta de navegación, se está pasando en realidad a negarla para todos los habitantes.

Bogotá se ha desparramado sobre la Sabana como una mancha de aceite, con costos descomunales. Para comenzar, los ambientales, porque estamos pavimentando algunas de las tierras más fértiles del país y destruyendo un ecosistema rico y frágil. Hay también ingentes costos fiscales, los de extender las redes de servicios públicos domiciliarios y la malla vial hacia barrios cada vez más alejados. Pero más graves aún son las consecuencias sociales de la expansión: ésta empuja a los pobres hacia las periferias, mal servidas por equipamientos institucionales y sociales (comercio, hospitales, colegios, oficinas públicas...) y los obliga a gastar mucho tiempo y dinero en transportarse.

Pese a que los partidarios de la expansión aducen que ya se acabó la tierra dentro del perímetro urbano, los datos contradicen ese aserto. Dentro de él hay más de 6.000 hectáreas entre suelo urbanizado (con vías y redes de servicios) y suelo urbanizable no urbanizado. A esto se suman unas 2.000 hectáreas que pueden ser objeto de programas de renovación urbana (reconstrucción de barrios y redensificación). Y según Planeación Distrital, la autorización de elevar la altura de las edificaciones de la ciudad ya construida permitiría generar 90 millones de metros cuadrados, es decir, 9.000 hectáreas de suelo que equivalen a la cuarta parte del espacio que ya ocupa Bogotá. Bajo una pauta de densidad modesta, en cada hectárea pueden construirse 100 viviendas, así que dentro del perímetro hay espacio para enjugar, de lejos, el déficit habitacional capitalino, que es de unas 300.000 unidades.

El verdadero problema es el de convertir ese stock de área en suelo barato para la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) —en principio, la tierra es más barata entre más lejos se encuentre de la ciudad—.

Por fortuna, hay instrumentos para lograrlo. El Distrito acaba de emitir una resolución que identifica unos 1.300 predios como de desarrollo prioritario y les concede a sus propietarios dos años para adelantar en ellos proyectos de construcción o vendérselos a terceros que lo hagan. Esta medida ayudará a desbloquear la oferta de suelo para vivienda social y lo abaratará.

Bogotá debe modificar sus pautas de edificabilidad para que la altura promedio de sus casas y edificios se incremente significativamente. El aprovechamiento de la dimensión vertical liberaría áreas para vías, parques y equipamientos. También debe seguir el ejemplo de las ciudades que han desarrollado planes de renovación urbana en condiciones favorables para la vivienda social en altura. Los primeros pisos se destinan a comercio y se venden a precios altos, y se subsidia a los compradores de las unidades habitacionales situadas encima. Recuérdese, por último, que el Distrito tiene que promover el reforzamiento estructural de casi 250.000 viviendas muy vulnerables frente a los sismos. Pues bien, el reforzamiento se podría combinar con la construcción de una unidad habitacional adicional en esas edificaciones.

Barcelona y París presentan densidades de 300 viviendas por hectárea, frente a las 60 de Bogotá. Parecen mucho menos congestionadas, porque la altura promedio de sus edificaciones es mayor y han liberado grandes áreas para espacio público. Puede decirse entonces que marcan el rumbo que debe seguir la capital.

La propuesta hecha por el alcalde Moreno durante su campaña, y retomada en su discurso de posesión, en la que se promovía un modelo de ordenamiento basado en una ciudad densa y compacta no puede terminar siendo un simple saludo a la bandera. El modelo expansivo que se está imponiendo favorece la urbanización ilegal, la especulación inmobiliaria, la marginalidad y ocasiona un injustificado deterioro ambiental.

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