Así las cosas, Moreno debe ante todo mantener el impulso de la locomotora social, que fue el sello distintivo de la primera administración del Polo Democrático Alternativo en la capital, y ampliar la cobertura de la inversión en áreas críticas como la vivienda de interés prioritario, la educación superior —técnica y universitaria— y el régimen subsidiado en salud. Súmese a eso la consecución de los recursos para darle arranque al metro, un tema que toca a fondo con el bienestar de las grandes mayorías. Si las cosas siguieran un rumbo lógico, todo esto debería llevar al nuevo Alcalde a convertirse en adalid de la defensa de las transferencias y de la ampliación de los aportes del Gobierno Nacional al transporte masivo de los bogotanos.
Pero Moreno deberá, también, emprender reformas para reestructurar sectores y redistribuir activos y oportunidades, lo cual implicará afectar poderosos intereses que su predecesor prefirió evitar. Mencionemos algunas de esas reformas prioritarias:
La primera es la de la movilidad, que implicará desmontar las empresas afiliadoras de buses (con sus efectos de sobreoferta vehicular, altas tarifas y caos en la prestación del servicio) e instaurar, bajo parámetros de democratización empresarial, el sistema integrado de transporte previsto en el Plan Maestro.
La segunda consiste en resistir a las presiones en pro de la expansión territorial de Bogotá, ejercidas por quienes especulan con la valorización de las tierras periféricas, y en imponer un modelo basado en una densificación urbana moderada y la orientación de la inversión hacia la ciudad ya construida.
La tercera se refiere a meter en cintura a quienes deterioran el medio ambiente: las industrias y las empresas de transporte contaminantes, los urbanizadores de los cerros, los responsables del mal manejo de los residuos sólidos...
Otra más involucra la calidad de la educación pública (muy inferior a la de la privada de élite), una reforma que deberá hacerse con los maestros y no contra ellos, pero que no por ello dejará de pisar callos.
Una más apuntaría a la revisión de los esquemas de inversión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuya misión es proporcionar servicios de calidad a tarifas reducidas, en un marco de sostenibilidad, y no acumular activos fijos y financieros.
La lista es larga, pero incompleta. Habría que agregarle, como mínimo, el rescate de lo mejor de la obra de Antanas Mockus: una relación entre la administración distrital y las fuerzas políticas y el Concejo no mediada por el toma y daca de las cuotas burocráticas y la politiquería, sino por la discusión de los problemas y las políticas públicas de cara a la ciudad.
¿Estará Samuel Moreno a la altura de estos desafíos? Aunque es un conspicuo representante de la clase política, ha llegado a la Alcaldía sobre los hombros de un partido inspirado por un ideario de transformación. Y ha comenzado, en términos generales, por nombrar un buen gabinete. Ojalá contribuya también a que el Concejo acierte en la elección, que realizará en breve, de las cabezas de la Personería y la Contraloría distritales —la Bogotá del siglo XXI requiere que ese par de entes de control, amorfos y politizados, se conviertan en plataformas de promoción de la eficiencia y la moralidad administrativas.
Mientras estos interrogantes se van despejando, deseémosle lo mejor a Samuel Moreno, que es tanto como deseárselo a la propia Bogotá.