El recorte del gasto público: ¿ficción o realidad?

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL GObierno y la Corte Suprema concentró completamente la atención nacional en la coyuntura política e hizo olvidar la avalancha de noticias económicas que se produjeron durante la semana anterior.

El día viernes, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) reveló, con algo de retraso, la cifra de crecimiento económico del primer trimestre de este año. La cifra, que muestra un aumento ligeramente superior a 4%, confirmó la desaceleración de la economía, señalada anticipadamente por todos los analistas. La desaceleración ha sido particularmente notable en los servicios, el comercio y la industria, en ese orden. La construcción, por su parte, registró una caída de más de 5%. Los números no son catastróficos pero indican que la economía crecerá a una tasa muy inferior a la del año anterior.

El mismo día, el DANE también presentó las cifras de empleo. Para el total nacional, los índices muestran una leve disminución del desempleo. Para las principales áreas metropolitanas, los guarismos muestran lo contrario, un aumento del desempleo que ya se ubica, en las principales ciudades del país, en un nivel cercano a 13%. El aumento del desempleo urbano está explicado seguramente por la caída de la construcción.

Durante la semana pasada, adicionalmente, el dólar despertó de un largo letargo y aumentó más de doscientos pesos. Los analistas todavía están estudiando las causas del súbito despertar del dólar. Pero los vaivenes de la divisa sugieren la presencia de fuerzas especulativas.

Como si faltaran noticias, el Gobierno anunció, a mitad de semana, un recorte del gasto público de 1,5 billones. El recorte, que había sido insistentemente recomendado por los expertos y abiertamente solicitado por los gremios productivos, constituye, como afirmó el ex ministro de Hacienda Rodrigo Botero, “un viraje oportuno”. El recorte señala que el Gobierno ha finalmente entendido la necesidad de una política fiscal más austera que permita enfrentar los desafíos de la coyuntura. De concretarse, facilitará la conducción de la política económica en un momento difícil y contribuirá al hasta ahora elusivo ajuste de las finanzas públicas.

Pero persisten varias dudas sobre el recorte. El Presidente anunció que los gastos en seguridad y en infraestructura, así como en algunas de sus iniciativas sociales, no se recortarán. En un foro celebrado a mitad de semana, el Presidente (y no el Ministro de Hacienda como correspondería) explicó que se iban a eliminar consulados, a recortar gastos en llamadas a celulares, a suprimir consejerías, etc.

 Los anuncios del Presidente dejan dudas sobre la voluntad de poner en práctica un recorte efectivo. El ajuste fiscal, sobra decirlo, no se alcanzará suprimiendo unos cuantos cargos o restringiendo el uso de los teléfonos celulares. Los anuncios concretos mencionados por el Gobierno parecen por ahora más simbólicos que reales.

Los problemas de la economía ya mencionados no son catastróficos pero son preocupantes. Y requieren de medidas eficaces, no de anuncios espurios. En el futuro, el Gobierno debería, sólo para mencionar algunos ejemplos, suspender la ampliación del programa Familias en Acción a tres millones de hogares, revisar el Plan Vial 2.500, reducir algunos de los subsidios agrícolas más regresivos, revisar algunos de los subsidios de tasa de cambio, y (por supuesto) suspender el referendo anunciado la semana anterior que, por sí solo, cuesta mucho más que los consulados o las cuentas de telefonía celular. El anuncio del recorte es bienvenido. Pero del dicho al hecho hay, como siempre, un largo trecho.