2 Sep 2008 - 9:45 p. m.

Elección de magistrados del Consejo Superior

ESTE MIÉRCOLES SE LLEVARÁ A CABO, en el Salón Elíptico del Congreso de la República, la elección de dos de los siete magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El Espectador

Pese a que el Gobierno adelanta una reforma a la justicia que, sobre el papel, habría de despolitizar su ejercicio, algunos de los integrantes de las dos ternas enviadas por el presidente Álvaro Uribe dejan una amarga sensación entre quienes estiman que su procedencia política es evidente.

El Congreso, de mayorías uribistas, habrá de escoger a los dos futuros magistrados —en reemplazo de Guillermo Bueno Miranda y Eduardo Campo Soto— que conformarán la Sala Disciplinaria, encargada por mandato constitucional de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión”. Dada la relevancia de los cargos, especialistas en el tema se han referido a la importancia de la idoneidad profesional, en materia de trayectoria judicial o académica, que deben tener los futuros magistrados.

El caso de Ovidio Claros Polanco, quien integra la terna que habría de reemplazar al magistrado Guillermo Bueno Miranda, es un ejemplo de las dudas que se ciernen sobre el proceso, dada su condición de ex representante a la Cámara para el período 2002-2006. Es más, Claros Polanco perdió su investidura de congresista por violación del régimen de inhabilidades después de suscribir su candidatura a la Cámara de Representantes sin que transcurriera un año desde que ejerciera como contralor del Distrito Capital.

Si la intención real del Gobierno es garantizar la independencia de la Rama Judicial, no son claras las razones por las cuales los criterios de escogencia llevaron a que se sugirieran personas con altas cualidades académicas, seguidas de otros con tintes partidistas.

Reconocidos penalistas y miembros de la Corte Suprema han alertado, por otra parte, sobre la posibilidad de que más de una tutela termine por fallarse, en la Sala Disciplinaria, a favor de los implicados en nexos con los paramilitares. Si ello es así, el Gobierno debería tener mayor cuidado y transparencia a la hora de escoger las ternas que envía al Congreso.

Plantear como parte sustancial de la reforma a la justicia la introducción de la figura de la cooptación, mediante la cual el Gobierno delega en las altas cortes la facultad de seleccionar a sus magistrados y sugiere con ello una mayor independencia de la Rama Judicial, y al mismo tiempo amenazar con convertir el Consejo Superior de la Judicatura en una extensión del Gobierno, nada menos que en la Sala Disciplinaria, que es la que tiene el derecho de investigar jueces y fiscales, no parece muy coherente.

Si de meritocracia se trata, y en ello ha hecho énfasis el propio Presidente desde que arrancó su campaña política en 2002, la selección de las ternas entre las que el Congreso habrá de escoger a los futuros magistrados debería ser efecto de un concurso público. De los ganadores, el Presidente podría escoger a sus candidatos y, con ello, el procedimiento quedaría blindado de entendibles suspicacias.

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