Más allá de las TIC

HACE POCOS DÍAS LA MINISTRA DE comunicaciones, María del Rosario Guerra, presentó el Plan Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación —TIC—, cuya finalidad es insertar a Colombia en la denominada Sociedad de la Información, vale decir, el nuevo paradigma del desarrollo, en el que la tecnología y su capacidad para transmitir el saber representan la clave para el desarrollo económico y el bienestar social de los ciudadanos.

El Plan en cuestión promete ser una guía de navegación que permitirá disminuir “la brecha digital” de la que tanto se habla en algunos medios académicos como un impedimento al desarrollo de las economías emergentes y un obstáculo a la globalización. En términos de inclusión digital, que en últimas es lo que se busca, el lento y complicado proceso de la universalización de la internet es la tarea inmediata y el mayor reto que debe afrontar el país. No se logrará si no se hace a partir de una política de Estado, que no de gobierno, y en ese sentido la manera como el Plan Nacional hace énfasis en el largo plazo —en un país marcado por sus políticas cortoplacistas— constituye un claro acierto. Como también lo son la participación que se espera del sector privado para llevar la conectividad a las distintas regiones del país y, en general, los lineamientos teóricos que dan sustento al Plan.

Ahora bien, dada la importancia que el sector de las comunicaciones supone —si se sigue el razonamiento de la Ministra y lo aprobado en el Plan—, quizás sea hora también de abordar algunas de sus graves anomalías. Las asignaciones a dedo de las frecuencias radioeléctricas, muchas veces a precios irrisorios, cuando en el mundo se ha comprobado que las subastas abiertas son una forma eficiente, justa y transparente para hacerlo, son un primer ejemplo.

Pero hay más: las altas contraprestaciones que pagan los operadores al Fondo de Comunicaciones y al Fondo de Desarrollo de la Televisión, recursos que no disponen de una planeación para su uso, terminan convertidas en jugosas cajas mayores de libre disposición y de muy baja eficiencia social —a pesar de que las contraprestaciones que pagan los operadores de telecomunicaciones al Estado en Colombia son hasta cinco veces más altas de las que en promedio existen en la región, lo cual tiene un severo impacto en las tarifas a los usuarios—; el desorden en la normatividad y el favorecimiento de los municipios hacia sus empresas públicas llevan incluso a que se le pongan trabas al uso del espacio público para desarrollar infraestructura como postes y ductos que requieren los operadores que aspiran a competir.

Asimismo, es indispensable la atribución de los temas de mercado a una sola entidad en procura de la libre competencia. Especial atención merece el desborde de las decisiones judiciales en el sector hacia la Comunidad Andina de Naciones —CAN—, al que recurren los operadores públicos aprovechando los vacíos que existen en esta materia y las facultades que irresponsablemente se cedieron en el pasado a las autoridades jurisdiccionales andinas sin haber consolidado antes un mercado, una cultura y un modelo político y social comunes.

Paralelamente a la presentación del Plan Nacional de las TIC, actualmente se tramita un proyecto de ley en el Congreso de la República referente a estas materias que tendría la vocación de ser la espina dorsal de dicho Plan. Aunque en el proyecto de ley en trámite se aterrizan muchas de las buenas intenciones de la Ministra, lamentablemente éste resulta, bajo el argumento del consenso, más el resultado de la negociación de intereses de los grandes actores del sector que el verdadero diseño de una política de Estado que se convierta en un instrumento efectivo para insertar a Colombia en la cacareada Sociedad de la Información.

Un cambio legislativo que no afronte las problemáticas del sector no pasa de ser una labor de maquillaje y un saludo a la bandera. Artículos del proyecto de ley como el que plantea que “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley podrán mantener sus títulos habilitantes, permisos y autorizaciones bajo la normatividad legal vigente antes de la expedición de la presente ley, hasta por el término de los mismos”, no permiten que los publicitados cambios se concreten.

Como sucede en otros frentes de la economía, los logros en telecomunicaciones no dependen exclusivamente de las buenas intenciones, sino de la claridad y la oportunidad con las cuales el Estado defina los sectores que considera estratégicos. Las TIC son uno de esos sectores, de ello no hay duda, pero es importante que se aborde con igual prontitud y entusiasmo aquello que se sabe que no funciona.

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