Más allá del cruce de comunicados

LA SEMANA QUE TERMINA ESTUVO DOminada por el espectáculo, entre grotesco y cómico, del cruce de comunicados públicos entre el Presidente de la República y la ex congresista detenida Yidis Medina, alrededor de las investigaciones que sobre lo que se ha dado en llamar la yidispolítica vienen adelantando la Procuraduría, la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia.

Seis comunicados, al menos hasta la hora de escribir estas líneas, llevaba emitidos el presidente Uribe y cinco la ex congresista Medina, en medio de la sorpresa general.

Desconcierta, en primer término y preocupa también, ver al Presidente de la República en persona dedicando su valioso tiempo y su atención a dar una pelea pública para demostrar la poca credibilidad de una ex parlamentaria de poca monta. Difícil de sustentar la estrategia de la defensa jurídica del Gobierno en el escándalo, pues la tarea para conseguir ese objetivo era de por sí bastante simple, sin haber tenido que involucrar la majestad del primer cargo de la Nación en semejante espectáculo.

Yidis Medina está presa porque ha confesado ya que entregó su voto para la aprobación de la reelección presidencial inmediata a cambio o al menos en espera, eso lo habrán de determinar las varias investigaciones que se siguen— de una serie de dádivas gubernamentales. De manera que, de entrada, es claro que no es persona de confiar. Tanto más cuando trabajos periodísticos e incluso casos judiciales de tiempo atrás la muestran involucrada en actividades de dudosa legalidad, incluidas investigaciones por secuestro, vínculos con grupos guerrilleros y fraude procesal.

Claro, además de todo esto, la defensa del Gobierno quiere demostrar que Yidis Medina estuvo chantajeando al propio Presidente de la República, a su familia y a varios funcionarios de su Gobierno para guardar silencio sobre el caso que los involucra directamente, el de cohecho en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata.

 Lo cual, si bien deja mal parada a la ex representante a la Cámara por Santander y pone en evidencia la motivación aparente de su “destape”, no desvirtúa el delito que se investiga y, antes bien, deja la sensación de que la ex congresista lo que quería era mantener la misma relación que en su momento, según sus denuncias, funcionó durante el trámite legislativo de la reforma constitucional.

En otras palabras, que Yidis Medina quería revivir las dádivas que en su momento presuntamente recibió, a cambio de no denunciar. Para lo cual ciertamente estaba preparada desde el comienzo, como se deduce de la entrevista que había dejado en remojo y apenas ahora se conoció y de las grabaciones que dice tener de sus reuniones con funcionarios del Gobierno en los días de la votación.

Todo esto habrán de dilucidarlo las autoridades judiciales que tramitan las investigaciones sobre el caso. Y ante ellas es que se deberían estar dando estas batallas de credibilidad y de denuncia de delitos adicionales, y no a través de la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño.

 Porque la salida a la palestra del Presidente de la República a dar esa batalla, si bien efectiva para dejar en evidencia las mentiras y contradicciones de la acusada y denunciante ex congresista, deja abiertos nuevos interrogantes ante la opinión. Como ya algunos han señalado en estos días, si hace un año o más se presentó el chantaje que apenas ahora se quiere destapar, ¿por qué el Presidente, su familia o los funcionarios no hicieron la denuncia a tiempo como era su obligación? Y como corolario de esta pregunta es inevitable preguntarse también si el despliegue mediático de esta semana tiene más de estrategia de comunicaciones para opacar el escándalo, que de defensa judicial ante las acusaciones.

Las diferentes instancias judiciales que llevan el caso deben ceñirse a las averiguaciones e investigaciones pertinentes y abrir las nuevas que correspondan —como ocurrió el viernes con el llamado a indagatoria a Yidis Medina por el presunto delito de secuestro extorsivo—, sin dejar que los casos se mezclen o que el ruido en el ambiente las contamine. A su vez, los abogados de parte y parte deben centrar sus esfuerzos en llevar sus casos ante ellas, antes que entrar en campañas de comunicación que en nada contribuyen al trabajo normal de la justicia. Y, por sobre todo, el Presidente de la República debe evitar dejar que se involucre la majestad de su cargo y la atención de su Gobierno en asuntos accesorios.