Esta situación, en la que sin el presidente Uribe el ejercicio de la democracia se reduciría al de la abstención, es aún más grave si se observa que el 48 por ciento de los encuestados estima que si el presidente Uribe es el futuro candidato, los demás contendientes no gozarían de las mismas garantías y, a la postre, las elecciones no serían justas.
La pregunta que insinuábamos en este mismo periódico en el momento de presentar la encuesta —“si no es Uribe, entonces ¿quién?…”— condensa lo desesperanzador que termina por verse el futuro de nuestra democracia ante una posible ausencia del primer mandatario. Y cae, de igual manera, en el peligroso juego del caudillismo. Más allá de la persona, cualquiera que ella sea, lo que debería primar entre nuestras preocupaciones es la permanencia en el tiempo de los programas de gobierno que cuentan con el respaldo de la ciudadanía, y la sostenibilidad de nuestras instituciones.
Frente a la crisis que desató la propuesta del Gobierno de convocar a un referendo para repetir las elecciones de 2006, y oponerse así a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que cuestiona el trámite que llevó a que la Constitución fuese modificada para permitir la reelección presidencial, y dados también los anteriores y repetidos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, mucho se ha insistido en que el país va camino hacia la desinstitucionalización.
En la manera particular de gobernar del presidente Uribe, también se ha querido ver el germen del desmonte de las instituciones y la firme intención de reemplazar los canales instituidos para encaminar las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. De ello son prueba obvia los consejos comunales, que ya llegan a más de 200, así como las recurrentes alocuciones presidenciales que constituyen, en últimas, una puesta en escena del ideal de la democracia directa —sin partidos políticos ni intermediarios de ninguna categoría— al que todo político querría acceder. De ahí la insistencia del Presidente en la democracia plebiscitaria, en la apuesta a la voluntad de las mayorías como mecanismo para refrendar cualquier obstáculo y traba que pueda surgir de las decisiones de un Poder Judicial enteramente independiente, como lo ideó hace ya mucho tiempo Montesquieu.
Todo lo cual, sin embargo, no pasa de ser un lugar común en el que columnistas de opinión, analistas políticos y editorialistas insistimos. En últimas, lo que queda claro es que el ciudadano común no percibe problema alguno en la forma como el equilibrio entre pesos y contrapesos que permiten ejercer un control ha sido sistemáticamente modificado a favor del poder Ejecutivo. De hecho, ante los problemas de legitimidad que aquejan al Congreso debido a la infiltración del paramilitarismo, el 50 por ciento de los encuestados se encuentra a favor de su cierre y el 52 por ciento dice no confiar en absoluto en la justicia colombiana.
En esto no somos los únicos; América Latina tiende por igual hacia un fuerte presidencialismo que, ante la ausencia de una arraigada democracia, termina por implementar un andamiaje institucional débil que posibilita que el Poder Ejecutivo degenere en tiranía. Ejemplos históricos hay varios —el caso Fujimori es quizás el más extremo, aunque lo que sucede en Venezuela con Chávez no dista mucho—, pero en lo que hay que insistir es en la necesidad de cuestionar el tipo de estrategias que se están utilizando para deslegitimar las instituciones y poner de presente la democracia como un valor que todos compartimos y defendemos. Si no es Uribe, no hay razón alguna para renunciar al ejercicio democrático: que sus políticas más destacadas, como la de seguridad, se conviertan en programas de gobierno que miren al largo plazo y se puedan alternar con las otras problemáticas de un país que no se agota en su conflicto interno.