Reforma a la justicia: ¿en beneficio de quién?

CRECE LA EXPECTATIVA ANTE LA REforma a la justicia que prepara el gobierno del presidente Álvaro Uribe. El propio ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha dicho desde su misma posesión en el cargo que esta es su prioridad y que trabajará por una justicia “cordial y armónica”.

A pesar de que se desmintió la existencia de un borrador del proyecto de reforma, se sabe que la doble instancia, los cambios en el sistema de elección y en los requerimientos mínimos para ser magistrado y la aplicación de la oralidad a todas las jurisdicciones son algunos de los temas que con seguridad serán abordados por el Ejecutivo en el proyecto que presentará ante el Congreso el próximo 20 de Julio.

Las reformas, pese a lo que diga el Gobierno, tienen unos tiempos y unos contextos que es preciso valorar. El tema de la doble instancia, que permite que los congresistas acusados de tener nexos con el paramilitarismo no sean juzgados e investigados, al mismo tiempo, por la Corte Suprema de Justicia, aunque está a tono con tratados y convenios internacionales, llega en un muy mal momento y deja un peor sabor entre quienes  estiman que por esta vía lo único que se quiere es revertir las investigaciones de la parapolítica que adelanta la Corte. No deja de ser entonces una reforma que se hace en el contexto de una investigación contra miembros del  Congreso, la mayoría de ellos miembros de la coalición de gobierno.

En ese mismo sentido, la modificación en los sistemas de elección y nominación, que permiten que una persona llegue a ser magistrado, hace pensar en una retaliación por la disputa que el Gobierno mantiene con la Corte Suprema de Justicia y que ha avivado tras la sentencia en la que se cuestionó el trámite que permitió la implantación de la figura de la reelección inmediata en la Constitución. Modificar el origen de la selección de los magistrados y poner en duda los requerimientos para serlo, si bien son debates válidos y quizás pospuestos, llegan  en instante inadecuado, cuando el presidente Uribe los acusa de tener nexos con  el paramilitarismo y la guerrilla y cuando amenaza con acudir a las urnas para confrontar sus decisiones.

El tema de la ampliación de la oralidad a todas las jurisdicciones, más allá de que en efecto permita descongestionar los despachos judiciales o de que algunos analistas y entendidos estimen que quizás sea muy pronto para evaluar la efectividad del sistema, no requiere de una reforma constitucional.

En síntesis, la evaluación del contenido de la reforma a la justicia —aunque habrá que esperar evidentemente a que el texto oficial sea presentado— se encuentra atada al contexto en el que el Gobierno ha decidido presentarla. De ahí las dudas y los peligros que recorren la propuesta. En el énfasis que se le da a lo procedimental quizás se escondan reformas de fondo que mueven a pensar que el fantasma del proceso 8.000, en el que los delitos cometidos se zanjaron con una sanción política y no judicial, pueda estar de nuevo recorriendo el país.

Las reformas a la justicia que se acercan, deberían trascender los intereses propios del Congreso y la coyuntura. Aun cuando el ministro Valencia Cossio ha manifestado su interés en una justicia “pronta, eficaz y fluida”, es muy poco lo que se le conoce al Gobierno en materia de reformas que le permitan a la ciudadanía un mayor acceso a la justicia.  En ese campo, el de la justicia rutinaria y en el que quizás sí sea posible llegar al anhelado consenso con las altas cortes, es aún largo el camino por recorrer. La justicia en municipios azotados por la violencia derivada del conflicto, para dar un ejemplo, requiere de reformas esenciales. Nada puede en lo local un juez frente al crimen organizado y mafioso. Si de reformas se trata, habría que comenzar por fortalecer la capacidad investigativa y operativa de la justicia en aquellos lugares en los que la presencia estatal es aún incierta. Eso, por seguir con los ejemplos,  tendría mucho mayor efecto sobre la salud de la justicia que elevar la edad o los estudios mínimos para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, que sea esta también la oportunidad para valorar la labor adelantada por la Corte Constitucional y el modelo de justicia implementado por la Constitución de 1991. Porque aun con sus defectos en materia de congestión, lentitud y ausencia de una política criminal integral, la operatividad de las instituciones de la Rama Judicial es sin duda superior desde que fue promulgada nuestra Carta política. Y eso habrá de   ponerse de presente a la hora de pensar en las reformas.

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