¡Que se aplique la ley!

SE CUMPLEN ESTE VIERNES TRES AÑOS DE LA EXpedición de la polémica Ley de Justicia y Paz con la que el gobierno del presidente Álvaro Uribe emprendió el necesario proceso de paz con los grupos de paramilitares.

La discusión de la ley, que pasó de ser de “verdad, justicia y reparación” a simple “justicia y paz”, estuvo acompañada de severas críticas por parte de defensores de los derechos humanos y diversas ONG. En sus inicios, fueron más sus detractores, incluso entre los uribistas, pero también del lado de la comunidad internacional, las víctimas y sus voceros. Pocas eran las expectativas que despertaba su promulgación.

Desde entonces, muchas han sido las miradas críticas que ante los problemas se han encargado de hacer, de una ley que para algunos era de simple “impunidad”, una real posibilidad de avanzar en la resolución del conflicto. Hoy, incluso las organizaciones de víctimas y algunas ONG apoyan las diversas sentencias de la Corte Constitucional que, al exigir estándares internacionales, han permitido que lo que era una ley más ajustada a los paramilitares y sus exigencias, le haya dado paso a la consolidación de un proceso de movilización social por la verdad y la memoria.

Nadie esperaba que el debate por la parapolítica llegase al punto de la judicialización de altos personajes de la política y del propio gobierno. Asimismo, conceptos como los de “memoria”, “dolor”, “verdad”, “víctima” y “victimario” entraron a hacer parte de la agenda de la opinión pública. La sociedad en general participó durante estos tres años de la discusión, alimentada por los medios de comunicación, la academia y la indispensable labor de seguimiento adelantada por organismos internacionales, que se desató frente a la posibilidad real de ver terminado el conflicto con uno de sus principales actores.

Lo que no quiere decir, de ninguna manera, que todo esté resuelto. Pero la dificultad ya no proviene de la norma en sí misma, que ha sido entonces ajustada por la Corte Constitucional, sino de su aplicación. Después de tres años, las víctimas —un actor que en anteriores confrontaciones como la violencia partidista de los años cincuenta era irrelevante e invisible— no logran aún que la ley cobre real vigencia. La verdad, la justicia y la reparación siguen siendo horizontes que les son esquivos.

De 2005 a hoy, desde que Mancuso hiciera su primera declaración, hechos de violencia graves han quedado al descubierto. Pero como la colaboración de los paramilitares en ocasiones ha sido a medias, o inexistente en otros casos, el camino por recorrer sigue siendo largo y de la Fiscalía depende su éxito. Por lo demás, la extradición de 14 de los máximos jefes del paramilitarismo, ocurrida el 13 de mayo, al tiempo que limitó el acceso de las víctimas a la verdad, hizo pública la delgada línea que divide al paramilitar del narcotraficante. Pese a que no faltaron las voces que salieron a reivindicar el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, ésta sigue siendo el marco en el cual se encuentran cifradas las esperanzas de las víctimas.

En materia de reparación, la promulgación del decreto 1290 constituye un avance que permitirá descongestionar la vía judicial al reparar por la vía administrativa. En adelante las víctimas no tendrán entonces que acudir ante un juez para acceder a sus reparaciones. No es esta una solución definitiva, pero sí una medida útil pese a que, a diferencia del proyecto de ley impulsado por el senador José Fernando Cristo en beneficio de las víctimas, las del terrorismo de estado no son consideradas como tales. Una discusión política que Colombia habrá de abordar, aun si el Gobierno se opone, ahora que la sociedad en pleno parece haber tomado conciencia de la importancia que tienen las víctimas y la memoria asociada a un pasado doloroso.

Por último, lo estrictamente judicial —más allá del tema de las extradiciones— sigue siendo un enigma ahora que la Corte Suprema de Justicia hizo explícito que a los 19.000 paramilitares desmovilizados que el Gobierno quería reintegrar a través de la figura del delito político sólo se les puede acusar de concierto para delinquir. El futuro del proceso se encuentra entonces en veremos, pero el papel desempeñado por las cortes permite pensar que las soluciones irán surgiendo sin que el equilibrio necesario entre justicia y perdón se pierda.

En síntesis, para nadie es un secreto que ni la verdad, ni la reparación ni la justicia están siendo dignificadas en el proceso de paz que se adelanta con los paramilitares. Pero la sociedad parece haberse dado cuenta de que resolver el conflicto es un tema que le compete directamente por lo que, en adelante, la atención parece centrarse en los temas que la Ley de Justicia y Paz logró —con dificultades— introducir.

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