Por un mejor aire

SI POR ALGO SE HA CARACTERIZADO EL último período legislativo, ha sido por el ausentismo y los debates infructuosos y hasta escandalosos, como el que terminó hundiendo la reforma política esta semana. Pero por fortuna, no todo es negativo. Hay que celebrar la actuación puntual que tuvieron los congresistas al aprobar un proyecto que, sin duda, terminará beneficiando a los colombianos y a los habitantes de Bogotá en particular.

El miércoles pasado, en efecto, se aprobó en el Congreso la iniciativa que busca que Ecopetrol mejore la calidad del Diésel que se produce en el país. Y si, al menos en materia ambiental, en Colombia se logra superar ese refrán que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, la nueva Ley del Diésel se convertirá en una herramienta transitoria, pero revolucionaria. No en vano, con este combustible se alimentan las fuentes móviles que causan el 70 por ciento de la contaminación del aire en las principales ciudades del país.

Aun a pesar de que el Gobierno no se mostró favorable al proyecto y de que Ecopetrol señalaba que ya había cumplido ambientalmente con el anuncio de invertir 880 millones de dólares en la modernización de la refinería de Cartagena y 420 millones de dólares en la construcción de una planta de hidrotratamiento, la iniciativa fue aprobada por mayoría absoluta en la plenaria del Senado. Hay que reconocer el trabajo de los senadores Hugo Serrano y José David Name, quienes fueron los ponentes, pero sobre todo la argumentación que para sacarlo adelante hizo el representante David Luna, autor de la iniciativa y quien desde hace más de ocho años viene hablando y alertando a las administraciones y a la ciudadanía sobre la importancia que amerita dicho tema.

Y es que la relevancia de la nueva Ley radica en que, por fin, después de 13 años de incumplir acuerdos proclives a la descontaminación del aire, Ecopetrol se verá obligado a ajustarse a un rígido cronograma para mejorar la calidad del diésel. De lo contrario, tendrá que cancelar costosas sanciones que sobrepasan los 50 mil millones de pesos.

En Bogotá, la situación es gravísima. El número de muertes por enfermedades respiratorias en la población entre 1 y 4 años llega a ser de 40 por cada cien mil habitantes, cifra muy superior a la registrada en ciudades comparables de América Latina. De ahí que la nueva Ley del Diésel determine una agenda prioritaria para la capital: para los sistemas integrados de transporte masivo (SITM) y todos los vehículos de transporte público y particular que utilicen diésel se exigirá de manera inmediata que éste sea de 500 ppm (partes de azufre por millón); y a partir del primero de enero de 2010, se deberá utilizar diésel de 50 ppm.

Pero como en otras ciudades como Bucaramanga, Medellín, Cali, Barranquilla Cartagena y Sogamoso también hay un exceso de contaminantes atmosféricos, la Ley contempla que para el resto del país todos los sistemas de transporte que funcionan con ese combustible utilicen diésel de 3.000 ppm a partir del primero de julio de 2008 y, desde el primero de enero de 2010, todos los SITM tendrán que utilizar diésel de 50 ppm.

Soluciones definitivas al maltrato ambiental no hay. Sin embargo, en un país como Colombia, donde el 80 por ciento de los habitantes vive en las ciudades, iniciativas como ésta contribuyen a una mejor calidad de vida. Y como si fuera poco, con una inversión en el presente, terminan generándole ahorros en el largo plazo al Estado.

No en vano, al apostarle a un aire más sano (argumento al que también se acudió para sustentar la prohibición de fumar en lugares públicos), se reducen los gastos que, en términos de salud, implican las enfermedades derivadas del ambiente. Por eso es fundamental que, ahora, los congresistas, las ONG ambientales y los organismos de control garanticen que efectivamente la petrolera estatal cumpla con las pautas establecidas. De lo contrario, nos quedaremos enfermos y, por supuesto, sin aire para respirar.

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