Reconforta haber asegurado el ejercicio soberano sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina y ratificado que el Tratado Esguerra-Bárcenas es válido y está vigente. Pero, como lo han señalado estudiosos de este tema, lo cierto es que la soberanía sobre las islas nunca estuvo realmente en riesgo, pues en dicho tratado las partes, “deseosas de poner término a un litigio territorial”, habían acordado en forma clara y transparente los espacios sobre los que cada uno de ellas ejercería su soberanía. Para Nicaragua el tratado es territorial y no marítimo, de manera que para Managua era evidente que no obtendría nunca la soberanía sobre las islas. Su interés siempre ha estado centrado en la parte marítima y esto es lo que hasta ahora está logrando.
Más allá de lo anterior, la única conclusión contundente que se desprende de la lectura del fallo es que las excepciones preliminares se perdieron. No hay que buscar triunfalismos donde no los hay. Pasaron seis años de un proceso que se adelantó bajo una estrategia equivocada, en la que hubo un detrimento patrimonial del Estado como consecuencia del alto costo inherente a este tipo de procesos. Colombia debió haber aceptado la competencia de la Corte desde un comienzo y aprovechar sus argumentos históricos y jurídicos para resolver el fondo del asunto. Algunos de esos argumentos, que eran contundentes, terminaron perdiendo fuerza al haber sido planteados en la primera fase del proceso.
Además de lo anterior, hay otras malas noticias. A la decisión de la Corte en contra de las excepciones preliminares planteadas por Colombia, se suma la renuncia de Guillermo Fernández de Soto a la Embajada en La Haya y el fallecimiento, el pasado 16 de noviembre, de Sir Arthur Watts, uno de los tres abogados extranjeros contratados por nuestro país. Habrá que ver también qué hace el Gobierno en relación con la posición de su juez ad hoc, Yves Fortier, quien apoyó en todo la decisión mayoritaria de la Corte, en contra de la posición colombiana.
Para lo que viene, Colombia debe centrar su defensa en los siguientes puntos: primero, demostrar que la soberanía sobre “todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte (del) archipiélago de San Andrés” es de Colombia, tal y como lo señala el Tratado Esguerra-Bárcenas. En segundo lugar, que Nicaragua nunca ha considerado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana como suyos y que son de soberanía exclusiva de Colombia, de acuerdo con el tratado celebrado con Estados Unidos en 1972. En tercer lugar, demostrar que Nicaragua reconoció el meridiano 82 como la frontera y, en consecuencia, la soberanía sobre esas aguas y el cayo de Albuquerque es colombiana. En cuarto lugar, defender la intangibilidad del tratado Ramírez-López celebrado con Honduras en 1986 y ratificado en el año 2000, cuya situación quedó en duda como consecuencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia del pasado 8 de octubre.
Terminó esta primera parte del proceso. Ahora el equipo debe concentrarse en el fondo del asunto, donde Colombia tiene todos los argumentos históricos y jurídicos para ganar el caso y así poder acabar con el sirirí de Managua, que nos tiene agobiados desde 1980.