Una cumbre más

ARRANCA ESTE MIÉRCOLES, EN LA CIUDAD DE Cartagena, la Cumbre Regional Antidrogas con la participación de los presidentes de Colombia, México, Panamá, El Salvador y Guatemala y la asistencia de delegados de más de 20 países.

Ante el creciente poderío de los carteles de la droga mexicanos —que ha derivado en asesinatos de policías y un aumento sin antecedentes en los indicadores de violencia—, la Cumbre hará énfasis en el narcotráfico como delito trasnacional y en la necesidad de diseñar soluciones conjuntas que permitan hacerle frente a un problema que ha desbordado las fronteras colombianas. Jaime Bermúdez, ministro de Relaciones Exteriores, ha sostenido, por ejemplo, que el narcotráfico “continúa asolando” a varios países de la región y que “Colombia tiene experiencias que compartir”.

Colombia, como país anfitrión y principal víctima de la violencia generada por el crimen organizado, hará énfasis en los nexos que unen a los grupos terroristas con el narcotráfico e intentará convencer a sus países vecinos acerca de la necesidad de una política inflexible y represiva contra el cultivo, la producción y el consumo de drogas. Este será el tono de la Cumbre y probablemente también el énfasis de la “Declaración de Cartagena”, el pronunciamiento conjunto que habrá de fijar el norte de la política antidrogas en los años por venir.

La Cumbre parece destinada a reiterar un énfasis cuestionado, una política, como la de la guerra contra las drogas, que ha sido ineficaz para resolver el problema, y puede, incluso, haberlo agravado. La política represiva, patrocinada por los Estados Unidos, requiere no tanto declaraciones conjuntas o discursos voluntaristas, como análisis objetivos y estudios de fondo. La Cumbre, por ejemplo, debería examinar las advertencias de muchos economistas que han afirmado insistentemente que la prohibición es poco más que un subsidio al narcotráfico. O analizar los fracasos continuos del desarrollo alternativo, incluido el del programa Familias Guardabosques, que ha sido completamente ineficaz para controlar los cultivos. O estudiar la paradoja de Colombia, país en el cual los cultivos ilícitos han sido inmunes a la ferviente actividad de fumigación y erradicación manual. O, finalmente, prestarles atención a las advertencias de Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria, tres ex presidente latinoamericanos que asistieron a muchas cumbres similares pero que ahora, liberados del poder y sus dogmas, se atreven a cuestionar el énfasis actual de la política antidrogas

Ahora que existe la posibilidad de conformar un bloque de países interesados en el tema —por necesidad o convicción—, que sea esta, entonces, la oportunidad de discutir las estrategias antidrogas con sinceridad y menta abierta. Para empezar, es necesario un replanteamiento de las políticas frente a los cultivadores de droga, en esencia campesinos sin muchas oportunidades alternativas. Frente al aumento en el consumo, cabe señalar la inconveniencia de los enfoques punitivos, precisamente ahora que el Gobierno colombiano se apresta, nuevamente, a promover un cambio constitucional que penalice la dosis mínima. Por último, frente al delito organizado, es necesario incrementar la cooperación internacional y mantener un diálogo permanente que permita, como lo dice el canciller Bermúdez, compartir experiencias.

La Cumbre que se inicia debería permitir un mayor entendimiento de la dinámica del narcotráfico en Colombia y los países afectados. Además, debería facilitar un escrutinio sincero de las políticas alternativas que le dan prioridad a la salud pública frente al enfoque policivo. Ojalá esta Cumbre no se limite a reiterar un discurso voluntarista, como se ha hecho muchas veces en el pasado, en donde se asume que la solución al problema de la droga es cuestión de sumar voluntades. Hasta ahora se han ganado muchas batallas, pero la guerra contra las drogas parece, infortunadamente, perdida de antemano.

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