Una nueva infracción: dar limosna

EN ARAS DE LA MOVILIDAD EN LAS ciudades y carreteras del país, fue
aprobado el proyecto de Ley 87 de 2007 que, de ser sancionado por el
Presidente, entraría a reformar el Código Nacional de Tránsito.

El problema de la movilidad en ciudades como Bogotá es uno de los que mayor atención exige, en tanto las dificultades son severas y por todos conocidas. Al servicio público, enteramente caótico en espacios como el de la carrera séptima, se suma el uso irracional del carro —se estima que en Bogotá circulan 1’200.000 vehículos particulares, según las conservadoras cifras de la Secretaría de Movilidad— y el mal estado de muchas de las principales vías de la ciudad.

El proyecto de reforma al Código de Tránsito, considerado en muchos aspectos inoperante y obsoleto por determinados sectores de la política colombiana, como el Movimiento Mira, que impulsó el proyecto de ley para su modificación, propone —entre otros temas como el del aumento en los límites de velocidad permitidos, la intensificación de las medidas que permiten regular el comportamiento del servicio público y el cambio de la licencia de conducción por una más tecnificada— la prohibición a los conductores de participar en actividades “comerciales” o “benéficas” a doscientos metros a la redonda de los semáforos, intersecciones viales o puentes.

La medida, como era de esperarse, ha generado un amplio debate entre la opinión pública, que no comprende cómo de la movilidad se puede pasar a la afectación del derecho al trabajo al que, por Constitución, tienen todas las personas que circulan por las calles y carreteras del país. Aún menos claro, en ese mismo sentido, resulta la inaudita prohibición de dar limosna.

Si lo que se quiere es una reforma sustancial de la movilidad, el polémico parágrafo que amenaza con sancionar, con un salario mínimo legal, a los conductores que incurran en la “gravísima” infracción de dar una limosna constituye a todas luces una medida absurda, además de altamente injusta y despectiva. Los posibles trancones que acarrean las ventas en el espacio público no se comparan con el efecto que tienen, para dar un ejemplo concreto de Bogotá, las empresas que no han sido reglamentadas e insisten en poner a circular sus buses sin pasajeros a cualquier hora del día por las calles de la capital. Pensar en la movilidad en términos serios exige que este, que es un problema que las dos administraciones distritales anteriores dejaron intacto, sí sea solucionado.

El parágrafo de la discordia, que llevó incluso a que el Gobierno Nacional manifestara que el proyecto podría ser objetado, condujo a que los temas de las ventas ambulantes, el trabajo informal y las precarias condiciones en que habitan los desplazados volviesen a ser parte de la agenda pública de los medios de comunicación. Al respecto, a pesar de que siguen sin ser claras las medidas adoptadas frente a estos aparentes obstructores de la movilidad, lo que hay que recalcar es que el Código de Tránsito nada puede ni debe hacer en este terreno.

Si la ley se aprueba y las actividades benéficas son tipificadas como una infracción, el mensaje para la ciudadanía puede llegar a ser más desestabilizador de lo que se piensa: se estaría aceptando abiertamente que la preocupación por la movilidad, que no pasa de ser un valor del que una inmensa minoría disfruta, es más relevante que la solución de las condiciones en las que habitan las personas menos favorecidas.

Acaso sea esta la oportunidad —y este es el único aporte que brinda la desafortunada prohibición— para abordar de manera seria y con interés real el tema de los dos países que por momentos parecerían coexistir en uno mismo: el de las ciudades, al abrigo del conflicto, y el de los marginales y desplazados, a los que ahora venimos a exigirles que se escondan.

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