Por una política libre de interferencias

Tras la filtración de nuevos documentos extraídos de los computadores
de Raúl Reyes, en los que se sugieren relaciones estrechas entre el
grupo insurgente de las Farc y funcionarios del gobierno de Venezuela,
fuentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos han
confirmado su autenticidad aun antes de que la Interpol, de la cual se
espera un informe completo esta semana, se pronunciara al respecto.

Las cartas y correos electrónicos presentes en los computadores del extinto guerrillero dieron pie a una serie de reportajes de la prensa extranjera —El País de España y The Wall Street Journal de Estados Unidos, principalmente—,  en los que la aparente búsqueda de armas por parte de las Farc a cambio del entrenamiento a fuerzas de defensa de Venezuela —entre otros temas de igual relevancia— prendieron las alarmas frente al proyecto de expansión bolivariana liderado por el mandatario venezolano Hugo Chávez.

No deja de sorprender, claro está, que estas filtraciones a la prensa extranjera por parte de quienes tienen control sobre la información contenida en los computadores del jefe guerrillero —presumiblemente las autoridades colombianas— se presente justo antes de que la Interpol entregue su informe. Y si se trató —como algunos han insinuado este fin de semana— de una jugada estratégica de parte de funcionarios de nuestro gobierno  para despertar la atención frente al mismo, ojalá no vaya a resultar contraproducente y se le esté más bien abriendo el  espacio a quienes pretenden restarle credibilidad a la delicada información que contienen los computadores de marras. Frente a pruebas tan delicadas, lo mejor —tanto en lo interno como en lo externo— es dejar que sean las autoridades de justicia quienes dispongan de ellas en plena libertad en lugar de intentar presionarlas con astucias mediáticas.

  Con todo, más allá de la muy preocupante simpatía que une al locuaz gobernante venezolano con la revolución armada colombiana, que queda en evidencia en los informes de la prensa mundial, todos estamos a la expectativa de  los procesos investigativos que se han de comenzar a adelantar por concepto de la denominada farcpolítica, en especial a partir del informe de Interpol de esta semana sobre los computadores y otras evidencias que irán surgiendo.

 Dichos procesos deben comenzar ya y avanzar con celeridad. Frente a ellos, ni la oposición ni los sectores de la opinión pública reacios a abandonar las banderas de la guerra fría pueden seguir sosteniendo —aun si ello pueda estar teniendo un manejo de información estratégico y deliberado por parte de algunos miembros del Gobierno— que se trata acá de una simple cortina de humo cuyo propósito sería el de desviar la atención puesta en la crisis desatada por la parapolítica.

Cada cosa es una cosa, pero la una no desvirtúa la otra. Tan grave es la parapolítica como lo puede ser la farcpolítica y por ello por lo que hay  que abogar, en aras de la recuperación del ejercicio de la política en sí misma y sin interferencias de grupos armados de derecha o de izquierda, financiados todos por el narcotráfico, es por el apoyo incondicional a las labores de la justicia colombiana.      

La investigación que condujo al Congreso a una crisis de legitimidad derivada de los nexos de varios parlamentarios con grupos de paramilitares debe ir entonces acompañada de una evaluación de los efectos que ha tenido la presencia permanente de la insurgencia en la vida política colombiana de las últimas décadas. Y el proceso de catarsis y limpieza de nuestra política que se ha iniciado con la investigación de la parapolítica solamente será completo y efectivo si contempla  las alianzas irregulares de todo tipo que se han dado en ella.

Por ser  quizás  en el ámbito de lo local en donde la interferencia de las guerrillas puede haber sido más dañina, ese proceso de la farcpolítica podría comenzar, por ejemplo, porque  la Fiscalía y  la Corte Suprema de Justicia  apuraran las investigaciones que permitan esclarecer, por ejemplo, el complejo esquema de la apropiación de rentas públicas —y privadas, a través de la vacuna— que han protagonizado las Farc y el Eln.

Dado el contexto de justicia transicional por el que atraviesa el país, el recurso a la verdad debe operar sin consideraciones ideológicas. Lo que está en juego no es un tema intrascendente. De la recuperación de la política como ejercicio transparente y noble depende en buena medida la construcción de un país que no se agota en su violencia. 

 

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