"Yo imito, no ridiculizo a los personajes": Hugo Patiño

hace 1 hora

Una sentencia en mal momento

LA DECISIÓN TOMADA LA SEMANA PAsada por la Corte Constitucional, en su
sentencia C 545 de 2008, mediante la cual urge al Congreso de la
República para que tramite una ley que adecue la entrada en vigencia de
un nuevo sistema de investigación y juzgamiento para los congresistas
en la Corte Suprema de Justicia, parecería en principio una decisión
apenas justa; una medida que intenta adaptar nuestro ordenamiento
jurídico a las tendencias recientes de la doctrina y el derecho
internacional en materia de derecho a la defensa de los procesados.

Sin embargo, los derechos de los procesados —o de cualquiera otra persona— no son derechos absolutos y deben ser sopesados con las necesidades propias de la lucha contra la impunidad. Es justamente cuando se sobreponen estos dos principios constitucionales —el debido proceso y la justicia plena— que la decisión de la Corte Constitucional resulta cuestionable o, cuando menos, inoportuna.

En su sentencia, la Corte Constitucional no sólo subestimó el impacto que su decisión tendría en los procesos de la parapolítica —procesos que se adelantan en contra del crimen organizado y en defensa de las instituciones y de la Constitución— sino que desestimó la importancia que tiene el principio de la lucha contra la impunidad frente al crimen organizado.

En un contexto diferente, sin proceso de parapolítica en curso y sin un crimen organizado que ha llegado al punto de poner en entredicho la estabilidad institucional del país, esta decisión de la Corte habría estado plenamente justificada. Todo se remitiría a un debate de corte académico en el que los argumentos base de la sentencia serían difíciles de cuestionar. Pero en las circunstancias actuales, al poner en entredicho la normatividad vigente, esta decisión será inevitablemente interpretada por los abogados de los paramilitares como un argumento autorizado en favor de la nulidad de los procesos de la parapolítica y como una legitimación de las conductas de los congresistas que negociaron con el paramilitarismo.

No parece muy justificado el afán por adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la normatividad internacional, cuando ello pone en entredicho el mayor esfuerzo jamás emprendido por la justicia colombiana para acabar con la infiltración de la mafia en la política.

La Corte intentó, es cierto, cerrarles el paso a los abogados de los congresistas actualmente acusados, diciendo que el derecho a tener investigación y juzgamiento separados sólo vale para los delitos cometidos a partir del 29 de mayo del año en curso. Sin embargo, en este país de normas y de interpretaciones amañadas a las mismas, la sola insinuación de que los procedimientos actuales no están ajustados a los estándares internacionales es una afirmación desestabilizadora que conducirá necesariamente a la utilización artificiosa del principio de favorabilidad por parte de los abogados del paramilitarismo. Y, al mismo tiempo, minará el fundamento doctrinal y constitucional que la Corte Suprema de Justicia ha tenido hasta el momento para investigar y condenar a los congresistas que han tenido vínculos con los paramilitares.

Por lo demás, a pesar de que para superar el capítulo de la parapolítica el país necesita mucha claridad sobre los métodos y los fundamentos que utiliza la justicia, la sentencia de la Corte Constitucional no aboga por esa claridad ni por demás fortalece el trabajo que ha venido haciendo la Corte Suprema. Antes de imponer el principio de la separación funcional de la investigación y el juzgamiento, la Corte bien pudo haber ideado un proceso de transición, tal como lo hizo cuando se adoptó el sistema acusatorio.

Ahora que la decisión ha sido tomada, lo mínimo que se le puede exigir a la Corte Constitucional es que, al redactar la versión final de la sentencia, haga claridad absoluta sobre esos temas. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos, como lo señala el magistrado Humberto Sierra, quien salvó el voto, ante una decisión que cambia la jurisprudencia anterior de la Corte, lo cual implica una responsabilidad adicional de argumentación y justificación de su parte.

No estamos ante un asunto menor. Bienvenidos todos los ajustes a nuestra Carta para mejorar nuestro sistema de justicia. Pero no cuando el resultado es debilitar el mayor esfuerzo de la justicia por acabar con las mafias más poderosas del continente.