Y la verdad: ¿para qué?

EN CONTRAVÍA A LA PERSISTENCIA DEL olvido y la impunidad que han caracterizado la historia de Colombia durante el siglo XX, las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre los trágicos hechos del 7 y 8 de noviembre de 1985, ocurridos en el Palacio de Justicia, persisten.

Este mes, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería para la época, iniciará su audiencia tras ser llamado a juicio por desaparición forzada y tortura durante los hechos conocidos como la “retoma” del Palacio de Justicia. Junto a él, y por los mismos motivos, el general retirado Iván Ramírez Quintero, en ese entonces encargado del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici), rindió indagatoria en abril de 2008 y fue arrestado por agentes del CTI el 27 de mayo. Como si ello no fuese ya una valerosa señal digna de apoyo, la Fiscalía también llamó a indagatoria al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII durante los mismos hechos en los que, con el tiempo, se ha comprobado que la actuación de las fuerzas del orden encargadas de controlar la trágica situación desatada por el grupo guerrillero M-19 —que posteriormente recibió el indulto por parte del gobierno del presidente Betancur— fueron desmedidas y causantes de una tragedia de mayor envergadura.

Se rompe así el tabú de que la justicia nada puede frente a las altas esferas del poder militar. Si bien la presión internacional ha jugado un papel preponderante en ese sentido, justo es reconocer que la justicia colombiana se está esforzando por confrontar poderes anteriormente intocables. Y lo está haciendo a tono con la nueva presión social que se expresa en movimientos de familiares y víctimas que, organizados, exigen que se conozca la verdad de hechos que, como el del Palacio de Justicia, se creían sepultados en el olvido y las medias verdades.

La justicia colombiana, de la cual siempre se ha dicho que es lenta y selectiva, requiere que se la proteja y apoye. La labor de jueces y fiscales, como la de muchos periodistas, en un país tan politizado y asediado por la violencia, se ha visto truncada por la autocensura y el asesinato. Sus tareas de investigación, imprescindibles para un Estado Social de Derecho, al tiempo que se constituyen en una inmensa responsabilidad, los convierten en blancos fáciles de aquellos a los que incomodan. Persisten, en ese sentido, las imágenes de los asesinatos de los ministros de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Low Murtra, así como los atentados perpetrados contra periodistas.

Para que la justicia siga su curso, sin impedimentos de ningún tipo, es necesario entonces que los otros poderes que conforman el Estado colombiano garanticen su misión. El hecho de que el Ministerio de Justicia sea también el de la política ya es, de entrada, una grave confusión y un inusual contrasentido que termina por hacer del sometimiento de la justicia a la política una relación estructural. Indultos, amnistías y rebajas de pena, en aras de un determinado acuerdo político, han sido convertidos, en realidad, en leyes que promueven el olvido.

Los hechos del Palacio de Justicia, de los que se espera que las investigaciones esclarezcan el paradero de las 11 personas que salieron con vida del edificio el 7 de noviembre pero cuyo destino, 23 años después, sigue siendo una incógnita, nos obligan a cuestionar la naturaleza del recuerdo que hemos construido y que, a la postre, queremos que se enseñe en los manuales de historia que usarán los colombianos más jóvenes. ¿En qué quedó, por ejemplo, la responsabilidad del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia? ¿No es acaso un sesgo ideológico que la interpretación de los acontecimientos del Palacio de Justicia haya transitado de un énfasis en la “toma” a cargo del M-19 a una investigación sobre la “retoma” protagonizada por el Ejército?

En un momento de creciente expectativa en el que el tema de la verdad y la memoria parecería copar la atención de la ciudadanía —expectativa incentivada por el proceso de paz iniciado con los grupos paramilitares y quizás cercano con las guerrillas—, encarar los episodios traumáticos del pasado lleva a una serie de escenarios que, si no polarizan, por lo menos confunden. Cuando algunos encuentran que escarbar hechos que ya son parte de la historia —aunque historia reciente—  sólo conduce a desestabilizar e incluso puede llevar a desatar venganzas, otros creen, a nuestro juicio con justa razón, que las heridas del pasado que nunca sanaron son precisamente el ingrediente que nos impide construir un mejor futuro. Sólo asumiendo nuestro conflictivo pasado, es decir, ejerciendo a plenitud el derecho a la memoria y al esclarecimiento de la verdad, podremos construir paz y consolidar democracia duradera en nuestro país.

Temas relacionados
últimas noticias

No nos quedemos en un homenaje a Paola Melissa

Es un imperativo moral aprobar la JEP

Vuelve la selección que nos une

Un presidente de todos los colombianos