La nueva Corte Constitucional

En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia  más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos,  desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.

En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que  los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a  colegas que, en su mayoría, respiran  un talante oficialista.

A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.

Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de  secretario jurídico de Palacio a  juez del tribunal constitucional.

Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado  en peligro.

El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.

Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.

Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.

El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.

En el proceso de selección de los seis magistrados que llegan a renovar la Corte Constitucional adquirieron preponderancia  más los criterios políticos que las calidades jurídicas de los elegidos,  desconocidos en el campo constitucional sobre el que ahora deberán dictar sentencia.

En el nombramiento de los dos últimos magistrados elegidos, los doctores María Victoria Calle y Jorge Pretelt, todo indica que tanto el Gobierno como el Senado prefirieron constatar que  los nuevos funcionarios fueran confiables a sus intereses, en vez de rastrear sus competencias como juristas. Por eso la votación en el Senado resultó aplastante a su favor para sumarse ahora a  colegas que, en su mayoría, respiran  un talante oficialista.

A finales del año pasado, también con una mayoría indiscutible en el Senado, fueron nombrados magistrados de la Corte Constitucional los doctores Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio y Guillermo Mendoza. Entonces quedó el sabor de que alcanzaron tales dignidades, más por interés particular del Gobierno, que porque hubiesen confirmado sus ejecutorias e independencia.

Así las cosas, estos seis magistrados nuevos han de sumarse a los tres que ya venían, los doctores Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla y Mauricio González, estos dos últimos reconocidos simpatizantes del actual gobierno. El último, de hecho, pasó directamente de  secretario jurídico de Palacio a  juez del tribunal constitucional.

Puestas en perspectiva las cosas, es inevitable sentir que la bien ganada reputación de la Corte Constitucional como un ente transparente y autónomo ha quedado  en peligro.

El asunto inquieta hondamente, por el papel trascendente que en la vida institucional y hasta la cotidiana de los ciudadanos representa la Corte Constitucional, como el gran despacho público que se hizo eco y se convirtió en garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Y también preocupa por la condición de árbitro de las grandes controversias bajo la cual oficia la Corte Constitucional, como la que se avecina con el juicio de constitucionalidad que ha de enfrentar, o bien el referendo reeleccionista o eventualmente el Acto Legislativo que reforme la Carta Política para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe.

Esta nueva Corte Constitucional no es la que el país deseaba ni la que se necesita en la hora actual, pues de impartir aprobación a la segunda reelección inmediata, sobre ella pesará la duda fatal de haber obrado para favorecer al mandatario que de una u otra manera intervino en sus nombramientos.

Ya va siendo hora de que el país revise los sistemas de elección de los magistrados de las Altas Cortes, para ponerlos a salvo de la politiquería o del gobierno de turno. Lo sucedido con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional evidenció el error de la Carta Política del 91 al propiciar la intervención de los políticos en la escogencia de sus más altos jueces.

El derogado sistema de la cooptación, en virtud del cual los magistrados se eligen ellos mismos, con algunos ajustes, podría ser repensado, de manera que la cúpula de la justicia, y en particular la constitucional, pueda volver a ser absolutamente confiable.