Las bases para uso de los Estados Unidos

APENAS NATURAL RESULTA LA POLvareda que se ha levantado esta semana con la confirmación del acuerdo que viene negociando el Gobierno Nacional con el de Estados Unidos para que, ante el cierre de la base de Manta, tropas de ese país puedan operar desde tres bases en territorio colombiano. El tema toca asuntos no sólo de soberanía nacional, sino también de institucionalidad, de justicia y de relaciones exteriores.

El Canciller, el Ministro del Interior y de Justicia y el encargado de Defensa han presentado el convenio como una simple extensión del Plan Colombia a la vez que, en contra de la nada casual coincidencia con el cierre de la base en Ecuador, han subrayado que no se pretende suplantar la base de Manta. Bajo dichas premisas, excusan que el acuerdo venga siendo negociado de manera privada, sin siquiera informar al Congreso de la República ni al Consejo de Estado.

Obtuso sería negar la conveniencia de la colaboración internacional en la lucha heroica que Colombia ha librado contra el narcotráfico y contra las fuerzas armadas ilegales que la desestabilizan. El robustecimiento de las capacidades logística y de inteligencia que significa la presencia norteamericana en las bases colombianas será provechoso en tales batallas. Por lo demás, el concepto de soberanía evoluciona hoy en paralelo con la creciente importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen.

Con todo, el contexto y la manera como se ha llegado a esta nueva alianza despiertan muchas dudas.

En primer término, aunque se niegue, el cierre de la base de Manta significa que los Estados Unidos requieren de alternativas para continuar las operaciones que desde allí llevaban a cabo. El asunto, pues, no es solamente la propiedad de las bases, sino también el alcance de la cooperación o la autonomía que tendrán esas fuerzas foráneas. En ese sentido, vale la advertencia que ha hecho la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, que tiene por qué saberlo, sobre si la información que manejarán los estadounidenses será compartida en su totalidad y en tiempo real con la Fuerza Pública colombiana. Es fácil presumir que no va a ser así, como no lo ha sido hasta ahora.

El secreto con que se ha manejado la negociación es otro asunto que preocupa. Ya, ante la exigencia del Consejo de Estado, el Gobierno ha querido enmendar su error y ha anunciado que le informará. Y si bien no parece aplicar la autorización previa del Congreso, dado que se basa en un acuerdo vigente, el hecho cierto es que la ampliación —si no en número sí por lo menos en territorio— de la presencia de equipo y personal militar extranjero no parece un asunto que se pueda resolver de espaldas al país en reuniones privadas.

Inquietante también que se mantenga la inmunidad a tropas y contratistas, que ahora estarán extendidos por todo el territorio nacional. El caso de las mujeres violadas en Melgar, delito por el que nunca pagaron los perpetradores estadounidenses, emerge como ejemplo inaceptable de impunidad. Y se suma a las investigaciones en Ecuador por presunto hundimiento de embarcaciones, muerte y desaparición de personas por parte de efectivos alojados en la base de Manta.

Capítulo aparte merece el ingrediente regional, que ciertamente se afectará con esta provocación a los vecinos, quienes con seguridad reaccionarán afectando aún más las relaciones políticas y comerciales, de por sí deterioradas al extremo. Aunque ante vecinos tan poco solidarios con la tragedia colombiana, el efecto podría ser tan positivo como negativo.

En lo que queda por negociar, si algo, el Gobierno Nacional debería tomar nota de estas y otras preocupaciones para incorporarlas al acuerdo. Este es un asunto de implicaciones políticas muy grandes que no puede ser analizado a la luz de razones ideológicas, pero tampoco de conceptos meramente técnicos. Ojalá no sea demasiado tarde, por no haberlo tramitado desde el comienzo de manera abierta y transparente.

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