La verdad del DAS

COMO SUELE SUCEDER EN COLOMbia, los escándalos de ayer pasan de moda y a la hora de las decisiones judiciales sólo quedan registros y reseñas sin contextos ni responsabilidades públicas.

La última prueba la constituye la orden de detención impartida por la Fiscalía contra 12 ex funcionarios y empleados activos del DAS por el expediente que se originó en las denuncias por interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de la oposición, organizaciones de Derechos Humanos o periodistas. Un capítulo inaceptable en un sistema democrático.

No fue un hecho magnificado por los medios, como llegaron a plantearlo algunos formadores de opinión, ni oportunistas denuncias, como se quiso descalificar a quienes insistieron en que se llegara al fondo en los señalamientos. Basta leer en la providencia los argumentos por los que la Fiscalía ordenó la captura de importantes mandos medios del organismo de inteligencia, para constatar que los excesos y arbitrariedades cometidos en el interior del DAS sin la participación de las autoridades judiciales desbordaron la Constitución y la ley hasta extremos inadmisibles.

La creación del G-3 es un ejemplo contundente. Conformado en 2003, rápidamente este sesgado grupo de inteligencia del DAS se convirtió en sinónimo de persecución y amedrentamiento. “Recolectaban información, presionaban y, en algunos casos, intimidaban”, admitió en su indagatoria el ex subdirector de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos. En otras palabras, una rueda suelta de investigadores dedicados a recaudar indebidamente información no relacionada con procesos judiciales, con insospechados propósitos.

Si de los aciagos tiempos de Jorge Noguera al frente del DAS, entre 2002 y 2005, no terminan de contarse bochornosas historias de corrupción, permisibilidad con los grupos paramilitares o nexos con asesinatos de sindicalistas, la información que empieza a constatar la Fiscalía sobre lo que siguió aconteciendo en el interior del DAS es tan grave como lo descubierto en esa primera fase del escándalo. El rastreo judicial y financiero a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia constituye apenas una muestra de sus peligrosos alcances.

De las pesquisas empieza a pasarse a las decisiones de fondo y, como corresponde en un Estado de Derecho, el imperativo es ahora aplicar debido proceso. Garantías para los defensores de los sindicados, pero también para una sociedad que merece conocer qué sucedió en el DAS. Por un tecnicismo quedó aplazada la calificación de las conductas de varios ex directores del organismo. Pero el país merece conocer hasta dónde fueron autónomos los mandos medios y hasta dónde subordinados a órdenes superiores.

Conociendo antecedentes de iguales o más graves enredos judiciales, es difícil creer que respecto al dossier del DAS haya pronta acción de la justicia. No demorarán los recursos dilatorios o las habilidades jurídicas, unas en estricta aplicación del derecho de defensa y otras para dificultar la aplicación de la ley. Pero una vez la justicia determine las responsabilidades individuales del caso, vale la pena que la sociedad reflexione sobre las responsabilidades políticas. ¿Por qué cayó tan bajo el DAS y quiénes indujeron a sus jefes y funcionarios a sobrepasarse? La ética del Estado impone inaplazables conclusiones.

Lo que sucedió en el DAS no puede volver a repetirse y así el organismo, hoy en cabeza de Felipe Muñoz, esté siendo sometido a una importante reingeniería en sus métodos y funciones, las lecciones del escándalo deben servir de garantía para que nunca más la inteligencia del Estado se use con fines ilícitos. Y para que ello sea posible lo primero es saber a ciencia cierta todo lo que allí sucedió.