La Corte, el referendo y el Fiscal

VARIOS AÑOS CUMPLIMOS YA HAciendo expreso desde esta tribuna nuestro apoyo decidido a la Corte Suprema de Justicia en sus investigaciones, entre ellas las que ha emprendido de manera valiente que involucran a funcionarios o amigos cercanos de la Presidencia de la República.

Lo hemos hecho no solamente por el convencimiento de que no haber llegado al fondo en el pasado en episodios de corrupción y connivencia con la ilegalidad ha sido combustible para que se sigan sucediendo irremediablemente, cuando no multiplicando, sino también y de manera especial como defensa de la persecución intolerable a sus miembros evidenciada con el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS.

En algunos momentos, empero, cuando hemos sentido que la disputa de poderes con el Ejecutivo se ha impuesto como condicionante principal de algunas de sus decisiones, hemos lanzado también nuestra voz de alarma ante el peligro de la politización definitiva de nuestra justicia. Pues bien, el momento actual nos parece propicio para prender de nuevo esas alarmas.

Se ha debatido esta semana si la Corte Suprema de Justicia era competente para abrir la investigación penal que cursa contra los 86 representantes a la Cámara que votaron positivamente el proyecto de ley de referendo, sin haber esperado la certificación del Registrador sobre los topes de financiación. Ya el Procurador tomó partido y consideró que la Corte no era competente y que, además, la inviolabilidad del voto obligaba a un inhibitorio automático. Otros juristas han señalado que ante la denuncia de Germán Navas contra los congresistas, la Corte está cumpliendo su labor al examinar si hubo delitos penales en la votación.

Más allá de ese debate, y en este caso se nos antoja que al Procurador le asiste la razón en que el examen del trámite de los proyectos de ley le corresponde a la Corte Constitucional, no se puede soslayar el contexto. Ciertamente la apertura de esta investigación en su momento resultó un alivio como freno a la arrogancia con que el Gobierno y su coalición venían imponiendo el referendo reeleccionista a toda costa, pero hoy, cuando dicha investigación se ha convertido en el palo en la rueda con que se quiere impedir la conciliación en el Congreso, comienza a emerger un tufillo a juego político por parte de la Corte. Así es como lo que, como lo informó este diario en su momento, era un proyecto de inhibitorio para los congresistas, listo para ser firmado, terminó de la noche a la mañana transformado en un llamado a versión libre a los 86 investigados que consigue aplazar varios meses cualquier decisión y, parece ser el propósito, bloquear la conciliación. Es poco claro lo que puedan aportar estas versiones libres cuando los hechos son claros. Y con estas movidas la Corte parece jugar a aplazar el trámite hasta cuando ya sea imposible que el referendo salga a tiempo, pero sin asumir la responsabilidad inherente.

Un juego que también parece estar aplicando la Suprema a la elección del Fiscal General, hoy en interinidad. Ciertamente, como también se ha dicho en estas páginas, la terna enviada por el Gobierno tiene todas las deficiencias posibles. Pero siendo así, lo lógico hubiera sido que la Corte devolviera la terna, como se lo pidió públicamente un grupo significativo de personalidades. Una vez ha decidido que no la va a devolver, presumiblemente porque el Presidente enviaría una más comprometida con su proyecto, lo que debería hacer es cumplir con su mandato y elegir ya al mejor.

Somos muchos quienes por la salud de nuestra democracia quisiéramos ver muerta la posibilidad de una segunda reelección y tener un Fiscal a prueba de cualquier duda. Pero no tomando atajos. La Corte Suprema de Justicia cuenta con todo nuestro respaldo, pero en el cumplimiento de sus funciones, no las de oposición. Eso sería ceder a la desinstitucionalización, que es precisamente contra lo que estamos.

 

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