Pruebas de supervivencia

“EN TODA CONFRONTACIÓN MILITAR hay muertos, heridos y detención de combatientes. Mientras ésta perdure habrá prisioneros de guerra así el Gobierno se empeñe en llamarlos tercamente secuestrados”.

Con estas desesperanzadoras palabras, que no dieron lugar a contrapregunta alguna de la revista Cambio a Alfonso Cano, sucesor de Manuel Marulanda, una vez más quedó registrado para la posteridad el paupérrimo significado que el secuestro tiene para las Farc.

El Gobierno, y no está de más reiterarlo, no es el único que estima que toda persona retenida contra su voluntad en lo más profundo de la selva constituye un secuestrado. La batalla en el campo entre fuerzas irregulares y fuerzas del orden legítimamente constituidas no tiene por qué librarse en el terreno del lenguaje. No es por testarudez que el Gobierno Nacional se opone a cualquier gesto narrativo que equipare un secuestrado con un prisionero de guerra. Quienes así opinan avalan la repudiable conducta contra la que, en multitudinaria protesta, no hace mucho la sociedad civil se levantó.

Ahora que a la senadora Piedad Córdoba han llegado pruebas de supervivencia del cabo primero del Ejército Salín Antonio San Miguel Valderrama, secuestrado el 23 de mayo de 2008 en el departamento del Tolima, así como del mayor de la Policía Nacional Guillermo Javier Solorzano, plagiado el 14 de junio de 2008 en el Cauca, no son pocos los que exigen de parte del gobierno del presidente Uribe una actitud conciliatoria. De ésta, se nos dice, dependerían liberaciones como las del cabo Moncayo, que parecía garantizada hasta cuando los cálculos políticos de las partes involucradas torpedearon su regreso a casa.

Las pruebas de supervivencia, y junto a éstas las otras 24 que ya han sido anunciadas y que serían entregadas por tandas en los próximos días, representan momentos de agridulce felicidad para los familiares de los secuestrados. Reconforta saber que quienes aparecen en un video procedente de la selva aún cuentan con vida y algunos signos de salud, pero conmueve recordar que el secuestro es una forma de tortura abominable que causa dolor e impotencia.

El sufrimiento de los secuestrados y sus familiares, canalizado por las Farc a través de las pruebas de supervivencia que en muchas ocasiones tardan años en llegar, es convertido en herramienta de chantaje que obliga al Estado a ceder en sus políticas de paz. En las actuales circunstancias, después de los cambios de postura del Gobierno, que un día avala el intercambio humanitario con la condición de que los guerrilleros que participen se conviertan en gestores de paz, otro ordena estrechar el cerco sobre la guerrilla y aboga por la liberación de los secuestrados a la fuerza y lo mismo anuncia, antes o después, que el único acuerdo humanitario aceptable es que todos los secuestrados sean liberados unilateralmente, no está de más exigir que por razones netamente humanitarias se brinden todas las condiciones que permitan más y más rápidas liberaciones de parte de las Farc.

Concesiones de ese talante, que en nada les quitan validez a los lineamientos generales de la política de seguridad democrática, ponen muy pocas cosas en riesgo. No hay institución o legado alguno que pueda verse afectado. Por el contrario, ensanchar los caminos de la mediación en épocas en que la polarización es tan fuerte y todo el que disiente es considerado terrorista y amigo de la subversión, no puede más que traerle beneficios positivos al país. Frente al secuestro y sus perpetradores la mano blanda es también sinónimo de transparente interés en las víctimas que lo padecen.

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