El paso firme del referendo

EL GOBIERNO Y SUS MAYORÍAS PARlamentarias no parecen dispuestos a detenerse ante ningún argumento ético o de índole constitucional en su afán por lograr la aprobación del referendo que permita la segunda reelección consecutiva del presidente Álvaro Uribe.

El panorama en la Cámara de Representantes, desde que se discuten los 92 impedimentos presentados por los miembros de la corporación investigados por la Corte Suprema de Justicia en el caso del presunto delito de prevaricato, le es favorable, una vez más, al referendo reeleccionista. Y lo único que parece importar es cómo asegurar los votos favorables a la conciliación, sin entrar a debatir el fondo del cambio del texto original, las diferencias entre la versión aprobada por la misma Cámara y la contraria que llega ahora para conciliación o, mucho menos, los obstáculos legales por los que ha pasado la aplanadora uribista para irlo aprobando en el trámite legislativo.

Al calor de las denuncias de diferentes congresistas por lo que presuntamente serían ofrecimientos de prebendas para contar con el voto de los legisladores indecisos, avanza el referendo con paso seguro y buen talante. El escenario de discusión, como ocurriera con el anterior proyecto reeleccionista, no está exento de pequeños escándalos que, aunque serios, a muy pocos parecen incomodar.

El precandidato liberal Rafael Pardo fue uno de los primeros en prender las alarmas. Aseguró que $220 mil millones del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón) fueron empleados para conseguir el apoyo de congresistas al referendo reeleccionista. Sostuvo que el ministro del Interior, Fabio Valencia, ordenó a través de convenios con alcaldes la construcción de 52 palacios municipales para conseguir el cambio de voto de los congresistas. Las denuncias fueron rápidamente desmentidas por el Ministro, quien aseguró que el precandidato, a quien acusó de faltar a la realidad y de estar desinformado, no ahondaba en la manera como esos recursos estaban siendo distribuidos.

El representante a la Cámara Jorge Rozo afirma ahora que del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) le hicieron ofrecimientos burocráticos a cambio de su voto. El Ministro del Interior explicó que el director del Sena, Darío Montoya, llamó a los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara “para auscultar sobre lo del presupuesto”. Representantes de esta Comisión, como Venus Albeiro Silva y Óscar Gómez, al ser consultados, negaron haber recibido llamada alguna de parte del Sena.

Paralelo a las denuncias, que probablemente continuarán, el referendo reeleccionista también cuenta ahora con el impulso del Partido Conservador, que ayer tomó la decisión, ante la evidencia de que nada detendrá su aprobación en la Cámara, de cancelar la consulta interna programada para el próximo 27 de septiembre. El propio ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, uno de los más opcionados a ganar dicha consulta, se mostró en desacuerdo pese a que su presencia para animar la discusión del referendo en la Cámara fue otra de las herramientas con las que contó el Gobierno el pasado martes.

El trámite de la aprobación del referendo, de comprobarse las denuncias, pone en evidencia la consolidación de un fuerte entramado de mediaciones clientelistas entre el Congreso y el Ejecutivo. La condena del discurso uribista al clientelismo y la politiquería no pasaría así de ser una política más de campaña electoral que no se cumple pero sí se practica.

 

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