Las mujeres y sus derechos

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SEGÚN INFORMES DE PROFAMILIA, el aumento de embarazos en mujeres entre los 11 y 16 años es alarmante en Colombia.

A partir de 2000, las cifras del país son las más elevadas de Suramérica. En los estratos altos, 11 de cada 100 adolescentes tienen un embarazo. En los más bajos, la proporción es de 31 por cada 100. El 51 por ciento de las adolescentes embarazadas no tienen acceso a educación secundaria y el 60 por ciento de las hijas de madres adolescentes corren el riesgo de repetir la historia. Con motivo de la celebración hoy del día mundial de la prevención del embarazo adolescente, es preciso retomar el debate.

La estadística en esto no falla. Las políticas públicas en salud sexual y reproductiva no cumplen sus objetivos. Las campañas educativas, que casi siempre comienzan a edades en las que los adolescentes ya han iniciado su vida sexual, se limitan a proveer métodos de planificación. La educación sexual integral, que provee información sin tapujos, fomenta el diálogo y contribuye a la formación de autoestima, no se imparte en los colegios públicos ni se promueve desde las entidades garantes de la salud pública.

Ante tan desolador panorama, el sabotaje de iniciativas novedosas y modernas, como la creación de una clínica especializada en atender la salud mental, sexual y reproductiva de las mujeres y niñas de los estratos más vulnerables de la ciudad de Medellín, no puede menos que indignar.

Son ofensivos los argumentos esgrimidos por miembros de la Iglesia católica, voceros de organizaciones activistas y columnistas de la prensa conservadora que consideran que es un despropósito invertir tanto dinero en las mujeres cuando existen “enfermos crónicos y terminales”. Y resulta igualmente anacrónico y perjudicial aducir “peligros y riesgos de la anticoncepción”, en una ciudad en la que, cada día del año pasado, en promedio, 23 adolescentes se convirtieron en madres. Pero sobre todo es inadmisible que los servidores públicos de un Estado que se dice laico, privilegien los intereses de poderosos religiosos y pasen por encima de los mandatos constitucionales.

No es de extrañar —aunque sí de lamentar— que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, reconocido por ser un católico practicante, haya decidido desplegar un operativo de control sobre el proyecto de la Clínica de la Mujer. Pero sí sorprende y desilusiona el equívoco proceder del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien cedió ante las presiones del clero antioqueño y no sólo sacó de su gabinete a las secretarias de Salud y de la Mujer —gestoras del proyecto—, sino que acabó negociando con el arzobispo de la ciudad, Alberto Giraldo, a quien le prometió que “en la clínica no se harán interrupciones voluntarias de embarazos, ni siquiera en los casos estipulados por la Corte Constitucional”.

Bajo ninguna circunstancia tendría el Estado colombiano que rendirle cuentas a la Iglesia católica en materia de salud sexual y reproductiva. Las concesiones hechas por el gobierno municipal de Medellín condenan a las mujeres que por ley califiquen para un aborto legal —en su mayoría adolescentes víctimas de violaciones— a numerosos trámites burocráticos que, por lo general, tardan más que el embarazo.

El Estado no sólo debe invertir en la realización de campañas preventivas y en la consumación de interrupciones legales del embarazo. También debe contribuir a eliminar las trabas que impiden el acceso a nuevas ideas. En este sentido, entre tanta propaganda institucional televisiva, brilla por su ausencia la información destinada a las mujeres en relación con sus derechos, su cuerpo y su sexualidad. El hecho de que tenga que ser Profamlia, una entidad privada sin ánimo de lucro, la abanderada de la educación sexual y la encargada de enseñar a planificar a las jóvenes adolescentes de todo el país, dice mucho de la situación.

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