Más de lo mismo para Buenaventura

OTRA VEZ LA VIOLENCIA EN BUEnaventura, el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico.

La explosión de un carro bomba el miércoles pasado, en el centro de la ciudad, deja un saldo de 10 personas muertas, 59 heridos y 40 inmuebles afectados en varias cuadras a la redonda. Según declaraciones del presidente Uribe, el atentado terrorista es obra del frente urbano Manuel Cepeda Vargas y el frente 30 de las Farc. Unos días antes, el lunes, fueron quemadas seis tractomulas y un camión en la vía que une a Buga con Buenaventura, a la altura del sector conocido como Tragedias. Se supo también que otra columna guerrillera atacó dos patrullas de la policía y ocasionó dos muertos más. En Nariño, el mismo día, un menor de edad murió en El Charco ante la explosión de un petardo. Hay quienes insisten, por lo mismo, en que estamos ante una arremetida guerrillera de las Farc en el sur del país.

Otros, quizá más cautos, mantienen varias hipótesis abiertas frente a la explosión del carro bomba. La Fiscalía, por ejemplo, alertó frente a la posibilidad de que se trate de una guerra sucia entra grupos de narcotraficantes. Tal posibilidad no es nada descabellada. Aunque las Farc han demostrado con creces que son capaces de este tipo de atentados, para nadie es un secreto que en la región también hacen presencia grupos criminales reconocidos por sus capacidades bélicas. De acá que deba examinarse con juicio el tipo de explosión, si la bomba iba dirigida a la Alcaldía, a la Fiscalía o si simplemente se le encontró, con sevicia, un lugar concurrido que garantizase un amplio número de víctimas.

Con todo, cualquiera sea el responsable del ignominioso atentado que sembró el pánico en las calles de Buenaventura, otros son los problemas que debieran llamar la atención de las autoridades. Esta ciudad es hoy el epicentro de los desplazados que provienen del Pacífico nariñense, del Pacífico caucano y del Chocó. Algunos la utilizan para llegar a Cartago, otros a Cali. Cifras oficiales estiman en más de 60 mil el número de desplazados. Los indicadores de salud, educación, empleo e ingresos son notoriamente inferiores a los del resto del país. El 80% de la población vive en la pobreza y los principales afectados son los afrodescendientes. Los bonaverenses, en su mayoría, se debaten entre la indigencia y el ingreso a los grupos armados. Pese a ser un semillero de grandes glorias del fútbol, Buenaventura no cuenta ni siquiera con un estadio. Por sobre los ciudadanos, importa más el puerto.

Es cierto que el narcotráfico es el catalizador principal de la violencia, ya no sólo en Buenaventura, sino en la región anexa a los Farallones de Cali. Todos los grupos violentos que en la historia han sido se han cebado con este territorio. El Eln, las Farc, agrupaciones de autodefensa al servicio del narcotráfico, el Bloque Calima de las Auc, el Cartel del Valle y ahora, por lo que se sabe, facciones de Los Rastrojos y paramilitares que nunca se desmovilizaron han entrado en guerra permanente por el control de las rutas que permiten sacar la droga. También por eso la carretera que va del puerto a Cali permanece militarizada. Y Buenaventura no es la excepción en materia de presencia de fuerzas estatales: al distrito entero de policía que le fue introducida se suman la Infantería de Marina, el Ejército cada que ocurre una acción particularmente violenta y el DAS.

Sin embargo, la situación no mejora. Han disminuido los índices de homicidios, pero el clima de violencia permanece. Las medidas de choque anunciadas por el Gobierno después del consejo de seguridad permitirán, a lo sumo, unas semanas, tal vez unos meses, sin que se sepa de otro muerto. Son soluciones militaristas que ya se han usado, que se sabe funcionarán por un tiempo. Pero seguimos sin una política integral para Buenaventura. De hecho, la estrategia es la misma para todo el Pacífico. Y ahí están los resultados.

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