Asesinatos selectivos en Córdoba

Su casa había sido ultrajada, sus mascotas violentadas y él mismo informó de presuntos planes para asesinarlo. Quienes insisten, de muy buena fe, en que este es un acto más de violencia, acaso un ajuste de cuentas, omiten todo el prontuario de denuncias que protagonizó el  periodista.

Desde su trabajo como locutor para la emisora Voz de Montería y director y propietario de la revista El pulso del tiempo, Castilla no guardó silencio ante el ambiente delictivo presente en Córdoba. Atacó la corrupción y la malversación de fondos locales, se enfrentó a quienes detentaban el poder en la gobernación y denunció nexos entre el paramilitarismo y la política local. De sus pesquisas no se escapó ni el director del periódico El Meridiano de Córdoba, William Salleg, de quien el periodista reveló una familiar conversación con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

No es extraño, por lo mismo, que El Meridiano de Córdoba le diera un cubrimiento tan desafortunado al asesinato. Al día siguiente de los hechos, el periódico les dio prelación a los diversos ingresos de Castilla a la cárcel Las Mercedes. Según la nota, un informe de la Policía Nacional le habría solicitado al Ministerio del Interior y Justicia la elaboración de una valoración médica y psiquiátrica “debido a sus cambios de personalidad”. Y si ello no fuera suficiente, se citan los testimonios de “varias personalidades de Córdoba” que se habrían referido al periodista como un hombre “con problemas de drogadicción”, hecho que nunca fue desmentido por Castilla, recuperado de sus adicciones. En síntesis, antes que un obituario, el periódico ofreció el perfil de un sujeto con antecedentes criminales, loco y drogadicto.

Después de tan explícita descalificación, el interés en que el crimen no quede impune, explicitado por el propio presidente Uribe con el ofrecimiento de recompensas, debería traducirse en que las autoridades judiciales ordenen el traslado a otras ciudades de los procesos judiciales a los que Castilla les hizo seguimiento. No basta con dar con el paradero de los asesinos; también es imprescindible que se conozcan las razones que llevaron a su silenciamiento. Esta no es una víctima más de la intolerancia. Tras su asesinato se esconde una estrategia que se explica en el incremento sostenido de los índices de violencia en Córdoba. Contrario a las declaraciones gubernamentales, las bandas criminales que hacen hoy presencia en el departamento no están exentas de ejercicios de control territorial de carácter puramente paramilitar.

No hay que perder de vista, por lo mismo, que dos días después del asesinato de Clodomiro Castilla, 16 personas fueron masacradas en Puerto Libertador y Montelíbano. Se sabe, además, de la incursión de la guerrilla en la zona y de sus luchas con bandas criminales por el control de las rutas del narcotráfico. Ya antes, en 2009, una líder de los desplazados que reclamaba las tierras que les fueron usurpadas fue asesinada, y también han sido hostigados diversos defensores de las víctimas. Aunque es prematuro establecer conexiones entre estos hechos, todo indica que en Córdoba la guerra continúa.

Su casa había sido ultrajada, sus mascotas violentadas y él mismo informó de presuntos planes para asesinarlo. Quienes insisten, de muy buena fe, en que este es un acto más de violencia, acaso un ajuste de cuentas, omiten todo el prontuario de denuncias que protagonizó el  periodista.

Desde su trabajo como locutor para la emisora Voz de Montería y director y propietario de la revista El pulso del tiempo, Castilla no guardó silencio ante el ambiente delictivo presente en Córdoba. Atacó la corrupción y la malversación de fondos locales, se enfrentó a quienes detentaban el poder en la gobernación y denunció nexos entre el paramilitarismo y la política local. De sus pesquisas no se escapó ni el director del periódico El Meridiano de Córdoba, William Salleg, de quien el periodista reveló una familiar conversación con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

No es extraño, por lo mismo, que El Meridiano de Córdoba le diera un cubrimiento tan desafortunado al asesinato. Al día siguiente de los hechos, el periódico les dio prelación a los diversos ingresos de Castilla a la cárcel Las Mercedes. Según la nota, un informe de la Policía Nacional le habría solicitado al Ministerio del Interior y Justicia la elaboración de una valoración médica y psiquiátrica “debido a sus cambios de personalidad”. Y si ello no fuera suficiente, se citan los testimonios de “varias personalidades de Córdoba” que se habrían referido al periodista como un hombre “con problemas de drogadicción”, hecho que nunca fue desmentido por Castilla, recuperado de sus adicciones. En síntesis, antes que un obituario, el periódico ofreció el perfil de un sujeto con antecedentes criminales, loco y drogadicto.

Después de tan explícita descalificación, el interés en que el crimen no quede impune, explicitado por el propio presidente Uribe con el ofrecimiento de recompensas, debería traducirse en que las autoridades judiciales ordenen el traslado a otras ciudades de los procesos judiciales a los que Castilla les hizo seguimiento. No basta con dar con el paradero de los asesinos; también es imprescindible que se conozcan las razones que llevaron a su silenciamiento. Esta no es una víctima más de la intolerancia. Tras su asesinato se esconde una estrategia que se explica en el incremento sostenido de los índices de violencia en Córdoba. Contrario a las declaraciones gubernamentales, las bandas criminales que hacen hoy presencia en el departamento no están exentas de ejercicios de control territorial de carácter puramente paramilitar.

No hay que perder de vista, por lo mismo, que dos días después del asesinato de Clodomiro Castilla, 16 personas fueron masacradas en Puerto Libertador y Montelíbano. Se sabe, además, de la incursión de la guerrilla en la zona y de sus luchas con bandas criminales por el control de las rutas del narcotráfico. Ya antes, en 2009, una líder de los desplazados que reclamaba las tierras que les fueron usurpadas fue asesinada, y también han sido hostigados diversos defensores de las víctimas. Aunque es prematuro establecer conexiones entre estos hechos, todo indica que en Córdoba la guerra continúa.