Aspirante a magistrada

Juan Carlos Henao, el libérrimo exmagistrado de la Corte Constitucional, asumió hace unos meses la nada fácil responsabilidad de conducir a la Universidad Externado de Colombia.

Excelente para ella. Con ello, sin embargo, dejó un cargo libre en la alta corporación, encargada de ser la guarda y vigía de nuestra Constitución Política.

Es un hueco difícil de llenar, ya que Henao, aparte de ser un hombre particular, es un jurista consagrado, de largo recorrido y de posiciones claras y liberales acerca de temas muy vastos del derecho. Su reemplazo, por tanto, debe ser muy bien pensado. Debe ser un acierto indiscutible. El Congreso de la República se reunirá la próxima semana para decidir sobre estos menesteres.

Una de las candidatas es Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la Familia y la Niñez, muy cercana a su jefe, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. No sobra decirlo, es una candidata bastante opcionada. Sin embargo, a pesar de toda su preparación (abogada de la Universidad del Rosario, con doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra y trabajos en temas de dignidad humana y Derechos Humanos, como se lee en el perfil hecho por el Consejo de Estado), Hoyos ha sido una de las abanderadas de la oposición al aborto en las tres causales contempladas hace ya buen tiempo por la Corte Constitucional. Una lucha a la que tiene todo el derecho como ciudadana pero que entra en conflicto con la posición que ocupa —o la que ocupará— para proteger lo que es legal pero que ella censura.

Hoyos, de hecho, ha decidido demandar por injuria y calumnia a Mónica Roa, la activista por los derechos de las mujeres que, por medio de una demanda, logró el triunfo de despenalizar el aborto en los tres casos y quien, con otras 1.201 mujeres, presentó una tutela en la que asegura que el procurador y sus procuradoras delegadas han mentido acerca de temas relacionados con el aborto. En concreto, según la demanda, son tres mentiras repetidas desde la Procuraduría: que el misoprostol no está aprobado por la OMS (cuando sí), que el aborto no es del todo un derecho (que también), y que la píldora del día después es abortiva.

Mentiras que a juicio de las firmantes tienen un efecto práctico gravísimo, ya que frenan el aborto como derecho, sacan al misoprostol del POS y satanizan el uso de la píldora del día después.

Es curioso que una persona empecinada en no reconocer un derecho constitucional pretenda ascender a la Corte Constitucional, como ironizó con razón el jueves pasado el programa radial La Luciérnaga. Y sí. Resulta un tanto inconcebible que Ilva Myriam Hoyos haya demandado a una defensora de los derechos humanos, en vez de salir a aclarar cuáles son sus posiciones respecto de estos tres temas en los que se le acusa haber mentido. ¿No es una mejor actitud política que penalizar la opinión de no una, sino más de mil mujeres? ¿Para qué llenar más este país de demandas contra los amenazados promotores de los derechos humanos? Nada fácil se la están dejando a Mónica Roa últimamente. Recordemos ese atentado del que fue víctima hace poco.

Si Hoyos quedara en la Corte, entraría a ser parte de la misma corporación encargada de analizar y fallar sobre la tutela que a ella le interpusieron. Además, entraría con su posición en extremo conservadora a reemplazar la visión liberal y de avanzada del exmagistrado Henao, con un consecuente desbalance ideológico en la Corte Constitucional. El Congreso deberá tener mucho tacto a la hora de debatir sobre el destino de la corporación. La decisión que tienen al frente no puede ser una de pupitrazo, como acostumbran, para congraciarse con su investigador disciplinario. Estaremos, y la ciudadanía también, muy atentos.

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