Atentados y preguntas

El pasado martes el gobierno nacional nos informó acerca de dos aparentes planes de atentado —frustrados, por fortuna— atribuidos a la guerrilla de las Farc y dirigidos nada menos que contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, opositor radical del proceso de paz en La Habana, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, promotor del mismo, además de contra algunos congresistas, según se supo ayer.

Más allá del rechazo firme y sin contemplaciones que debe generar en la sociedad este proyecto criminal, al cual por supuesto nos unimos, preocupa mucho esta información: imaginémonos por un segundo el futuro del proceso de paz con un expresidente y un fiscal general asesinados por la violencia directa de una de las partes. Habría que retirarse de él, quién podría seguir así. Es cierto que la premisa para los diálogos ha sido la de la continuación del conflicto armado, mientras se acuerda su finalización, pero al pasar de operaciones y bajas de combatientes en el campo de batalla a eliminar actores políticos que actúan desde la legalidad hay un trecho inaceptable.
Ha dicho ayer el jefe del equipo negociador del Gobierno que ese tipo de intimidaciones ponen en riesgo la viabilidad del proceso. Sensatas palabras, por duras que resulten. Los informes de inteligencia de la Policía dicen que hay un plan creíble de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc para acabar con la vida de estos personajes. Mientras unos negocian la paz, otros torpedean, a lo bruto, la posibilidad de que ésta llegue.
Algunos políticos —sobre todo provenientes de la izquierda— han puesto un manto de duda frente al plan terrorista: piden una investigación exhaustiva para aclarar las cosas. Eso es exigible y resulta imperativo, ciertamente. A hechos tan preocupantes hay que encontrarles un autor identificable.
Si bien es cierto que la violencia de los extremos es la misma, venga de donde venga (porque, como lo dijo el presidente Santos en alguna ocasión, también en este lado existe una “mano negra” dispuesta a que se mantenga la guerra sin diálogo de por medio), hoy es muy importante para la sociedad y para sus representantes en La Habana saber quién lo hizo. Como lo han dicho muchos, el Gobierno debe ir a La Habana a exigir explicaciones.
Y no sólo por el cinismo que significa hablar de paz mientras se acude al atentado contra civiles, sino porque de la verdad de este hecho depende la solidez de cualquier cosa que se acuerde en la mesa. Tiene que haber claridad, desde ya, sobre si la Teófilo Forero, prácticamente la élite militar con más capacidad de este grupo insurgente, es ajena o no al proceso de paz en curso. ¿Sigue los lineamientos que se dan desde arriba o es una rueda suelta a la que no le conviene la paz? ¿Quiere perpetuar el conflicto como sus homólogos extremos de derecha?
Y si este es el caso y se trata de una peligrosa rueda suelta, lo mínimo que los dirigentes de las Farc pueden hacer en bien de este proceso es contribuir a su desmantelamiento. Las condiciones para hacer posible el fin del conflicto pasan por la información que ayude a confrontar los grupos criminales que puedan seguir en funcionamiento.
Mucho ojo con estos momentos de fragilidad. La posibilidad histórica de lograr la paz no se puede ir por la borda por falta de claridad. Las Farc tienen que pronunciarse al respecto. El “no damos declaraciones” de alias Andrés París no es una respuesta válida. Al menos dijo que “estamos viendo bien la información”. Que no se demoren mucho. Y que se investigue paralelamente. Es lo mínimo.

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