Aumenta la protesta

El viernes de la semana pasada tuvo lugar el paro nacional, convocado por sectores sindicales y estudiantiles, como forma de protesta contra algunas reformas y políticas del actual gobierno de Juan Manuel Santos. En Bogotá, el miedo corría por cuenta de los dueños de los locales comerciales por donde la marcha tendría lugar. Miedo entendible, producto del destrozo vivido (y aún no arreglado) de hace menos de un mes.

El presidente Santos se manifestó en contra del contenido de la marcha, pero no de su existencia: afirmó que, pese a no compartir las protestas, las respetaría por ser vitales para una democracia. Eso sí, aclaró, no podría haber actos de violencia. El paro nacional permaneció tranquilo y con muy pocos disturbios. La gente atendió al llamado.

Pero ésta es sólo una de las tantas marchas que se han presentado en estos dos años. Al presidente le ha tocado lidiar con ellas de una forma bastante recurrente e inusual. ¿Porque la gente está cansada de su gobierno? No parece. Los niveles de aceptación del presidente Santos son muy altos. A juicio no sólo popular, sino también de críticos, ha hecho una buena labor. Tiene sus detractores, pero son muy pocos. Mucho más reducidos en cantidad y en mordacidad que los del gobierno pasado. ¿Y entonces?

Puede ser que por esa misma aceptación e imagen de Santos como un hombre dispuesto a dialogar con distintos sectores (ha acogido ya varias veces las protestas de sus opositores, cambiando el sentido de sus planes) es que se está avivando la llama de la protesta social en el país. El discurso del Gobierno apunta hacia allá: el vicepresidente mismo pareciera encabezar el contrapeso de las políticas del presidente. Es también un fenómeno mundial: en Chile protestan por la educación, en Libia por la libertad, en el mismo Nueva York, epicentro del capitalismo mundial, se hacen manifestaciones en contra de ese modelo económico.

En la protesta, sin embargo, hay que tener cuidado. El Gobierno debe tenerlo para no estigmatizar a los marchantes y polarizar al país en contra o a favor de ellos, ahogando de paso el debate que quieren promover. El discurso de que la guerrilla tiene infiltrados los movimientos sociales —sin negar que en ocasiones puede ser cierto— es peligroso y dañino, una inconsecuencia para promover el diálogo entre sectores. Si la infiltración está comprobada, lo que obliga es investigar y judicializar antes que estigmatizar la protesta.

A la vez, los que protestan deben mandar una señal inequívoca de que no están de acuerdo con los actos de violencia, y no son ellos los promotores. Por cuenta de los disturbios de la anterior marcha contra la ley 30 (protagonizados por encapuchados que “pintaron” todo el centro de Bogotá) se diluyó la discusión de la reforma educativa y se quedó en el mero acto del vandalismo. Y el país, otra vez, se volvió a polarizar.

En Colombia está permitido que la gente se una y manifieste públicamente su opinión. Si esto tiene alguna incidencia en el Gobierno, tanto mejor: se tiene una democracia más activa. Este es el ideal. Una protesta pacífica, como la que se vivió el día viernes, es el ejemplo. Muy caro cuestan las que tienen disturbios: el 5 de octubre hubo un saldo de 22 heridos en Cali, Tunja y Pamplona.

Ojalá los hechos de este estilo se mantuvieran al margen. Por lo pronto, los estudiantes estarán listos el próximo 12 de octubre para manifestar su oposición al Gobierno por la ley 30 y exigir una educación pública gratuita de todos los niveles. Una nueva protesta que se suma a las muchas que le han tocado al presidente Santos. Una manera de entender el fenómeno es cambiando la perspectiva: metiéndose en la cabeza que no toda inconformidad expresada es antipatriótica o terrorista. De algo ha servido el cambio de lenguaje y ojalá evolucione mucho más.

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