"Yo imito, no ridiculizo a los personajes": Hugo Patiño

hace 3 horas

Austeridad y conveniencia

Sería muy útil para el país que el Gobierno aproveche esta época de recortes para mirar atrás y explicar la utilidad de todos los gastos contratados en los años de bonanza. Así, por lo menos, puede entenderse la justificación detrás de ellos y aceptar los apretones que se vienen.

Las políticas de austeridad del Gobierno son bienvenidas, pero no reemplazan la necesidad de una reforma tributaria estructural, ni de justificar los gastos que hizo el Estado en épocas de bonanza.

El Gobierno está enviando mensajes contradictorios sobre la economía. Por una parte, la semana pasada celebró el éxito de su política de “austeridad inteligente”, pero mientras hacía eso decidió con las fuerzas políticas afines que presentará la tan necesitada reforma tributaria hasta después de realizado el plebiscito por la paz. ¿Por qué se unen dos temas independientes entre sí? ¿Deben las medidas para contrarrestar la caída dramática en los ingresos por la crisis del petróleo estar supeditadas a otros cálculos políticos?

Según el presidente Juan Manuel Santos, las iniciativas de austeridad inteligente le han ahorrado al país $9 billones. Con esto, el Gobierno se refiere a los recortes en el presupuesto y las inversiones del Estado. Según cifras oficiales, con la Ley de Presupuesto todas las entidades se recortaron un 10%, lo que representó un ahorro de $220.000 millones. Además, mediante otra directiva, se hizo un recorte adicional de 10% , que representó ahorros de $207.000 millones. Encima de lo anterior, el presidente les pidió a sus ministros viajar en clase económica y no en ejecutiva, y que se aseguren que todos sus ministerios realicen eventos y contraten publicidad cuya utilidad, y estas son palabras del presidente, “realmente se justifique”.

No sobra preguntar por qué se esperó hasta un año de crisis para tomar estas medidas, y también cuestionar sobre los criterios que se empleaban con antelación para contratar eventos y publicidad. Aunque no lo dice el discurso oficial, queda la sensación de que en época de bonanza se abrió la puerta para gastos, si no innecesarios, sí de cuestionable eficiencia en el manejo de los recursos.

Es necesario que no se afecten los programas sociales, pero en años pasados los gastos del Gobierno demuestran una generosidad en contratar programas de necesidad cuestionable. Por ejemplo, los que se han contratado bajo el gaseoso concepto de “pedagogía para la paz”, que parece servir para todo. A la luz de las inversiones monumentales que requerirá el cumplimiento de lo que se ha venido acordando en La Habana, tanto más en esta coyuntura de ingresos reducidos, resulta un despropósito que el dinero se haya estado invirtiendo en proyectos de inciertos resultados prácticos y medibles.

Y ni hablar de cuestionables situaciones, como la que se ha documentado con Ángela Baena, la esposa del ministro de Minas, Tomás González, quien dirige la empresa Connecta, beneficiaria de un contrato con el Estado por un monto de $2.600 millones. Sin dudar de la idoneidad de Connecta para cumplir el objeto del contrato, el conflicto de intereses es palpable. Aun si no se incumplió ninguna norma, como escribió en estas páginas Elisabeth Ungar, refiriéndose a otro asunto de transparencia, no puede ignorarse el dilema ético en cuestión.

Sería muy útil para el país que el Gobierno aproveche esta época de recortes para mirar atrás y explicar la utilidad de todos los gastos contratados en los años de bonanza. Así, por lo menos, puede entenderse la justificación detrás de ellos y aceptar los apretones que se vienen.

Dicho lo anterior, no deja de ser preocupante el aplazamiento de la reforma tributaria. Las recomendaciones de la comisión de asesores conformada son claras sobre la urgencia de tomar medidas para llenar los huecos causados por el colapso de los precios del petróleo (en 2013 Ecopetrol contribuyó el 20% del presupuesto nacional, según Presidencia, y este año esa cifra será cercana al cero) y la débil producción industrial local que lo compense. Es entendible la preocupación por la suerte del plebiscito por la paz, pero supeditar el urgente ordenamiento de las finanzas a asuntos de popularidad y política no es la mejor fórmula para atender con seriedad la compleja situación fiscal.

El pueblo colombiano tiene la capacidad de entender que las medidas financieras son necesarias y eso en ningún momento tiene una relación directa con las consideraciones sobre la oportunidad histórica de terminar el conflicto con las Farc.

El llamamiento, pues, es a una mayor coherencia en el gasto y en los objetivos frente a las urgencias que demanda la economía, precisamente porque de su salud, y no sólo del plebiscito, también dependen la paz y el posconflicto.

 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]