Buscando camello

Hace unos días los medios presentaron el avance preliminar de una investigación que ha hecho el centro de estudios DeJusticia para la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo financiero del Programa de Derechos Humanos de USAID.

El estudio trata sobre un tema fundamental para el desarrollo del país: el empleo. Las tasas, los niveles de empleo, desempleo y subempleo, y las distintas consecuencias que se generan a raíz de las prácticas de empleadores y empleados.

El estudio —que se publicará formalmente a mediados de noviembre, con muchos más datos e información útil— ha confirmado a un nivel técnico lo que muchos colombianos suponíamos intuitivamente: que no hay un empleo digno y decente en el país. El informe recoge datos contundentes en la materia. Colombia, el país más desigual del hemisferio, ostenta niveles de subempleo muy altos, un bajo número de personas cotizando al régimen de seguridad social y de pensiones, un bajo nivel de sindicalización (ésta ayuda al diálogo social y a generar menos desigualdad) y un alto nivel de inestabilidad laboral.

El subempleo, esa categoría que convierte de un plumazo a ‘empleados’ en ‘ocupados’, implica que las personas se vean en apuros y se ocupen por cuenta propia, generando así una actividad muy por debajo de los salarios y la seguridad social que la ley y la Constitución establecen, con una contraprestación nada satisfactoria de altas horas de trabajo. Es decir, un tipo de vida precario, por fuera de las aspiraciones de un Estado social de derecho. Una buena parte de los colombianos no cuenta en estos momentos con un empleo digno —igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital, estabilidad— ni decente —aspiraciones de los individuos, desarrollo personal, etcétera—. Esto incide, como consecuencia lógica, en que la inequidad y la desigualdad suban de una forma desmedida, multiplicando los problemas usuales que el país ha padecido.

Las conclusiones de este informe constituyen un duro golpe, sobre todo para los gobiernos. El crecimiento económico de los últimos años no sirvió, a juicio de los expertos, para frenar esta problemática. El país sí creció a nivel de economía, pero el empleo formal se mantuvo estancado y muchos colombianos (más de la mitad) viven con menos del salario mínimo. Para el Gobierno actual hay un reto que va mucho más allá de obtener la tasa de un dígito que en la medición global se ha trazado como meta.

Las propuestas de los expertos son puntuales (al menos las que se han conocido; habrá que esperar el informe completo) y podrían ser atendidas por aquellos que llevan las riendas del juego: poner en el centro de la política macroeconómica el tema de la generación de empleo; un estatuto laboral con flexibilización de las horas de trabajo e inclusión —cualquiera que sea el tipo de contrato— de protección social universal, así como el fortalecimiento del sindicalismo y de la vigilancia de derechos laborales, entre otras.

Estos estudios no deben quedarse en los estantes. No sólo confirman una presunción de los colombianos sino que la recrudecen, y es de esperar que hagan eco en los destinados a diseñar las políticas públicas. Ojalá que las promesas de empleo, así como la focalización de las acciones para reducir la pobreza, y el TLC que se ha ratificado, tengan en cuenta que la ocupación del ser humano en un trabajo ha avanzado durante siglos hacia la legislación que tenemos hoy día. ¿Dónde queda tanta ley sin acción? Una buena pregunta que debe hacerse el Gobierno de cara a solucionar esta grave dificultad.

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