Hoy constatamos, con satisfacción y esperanza, que los actores han comenzado, por fin, a despertar del letargo. Hace falta, sin embargo, un norte definido y un esquema profundo de participación.
Despertó el año 2013 con más de 6.000 firmas solicitando la inclusión del lago en la lista de humedales internacionales Ramsar, calificada por el ministro de Ambiente de ese entonces, Juan Gabriel Uribe, como “muy exagerada”. Ejemplo perfecto de la incomprensión que esta denominación implica para la ruta hacia el desarrollo sostenible. No faltaron acciones, sin embargo: esa cartera recibió 3 millones de euros por parte del gobierno de Francia para aplicar la política de gestión integral del recurso hídrico. La solicitada figura internacional de protección aparece nuevamente como posible. La demanda de participación de la ciudadanía llevó a la creación de una “mesa de trabajo permanente”, con el objetivo de encontrar una figura de protección adecuada. En su conformación quedaron serias dudas, pues no incluyó actores claves en la cuenca.
El año 2014 se inició con el anuncio del Gobierno Nacional de destinar $42.0000 millones en un Conpes, que incluyen el dinero de cooperación internacional y que aún debe ser completamente financiado. Se listaron en ese documento muchas acciones, cuya mayoría parte de la aplazada agenda de gestión ambiental normal para cualquier territorio rural.
La intervención de la Contraloría General de la República llevó a la conformación de una veeduría ciudadana, con una participación más amplia, a la que se sumaron instituciones académicas. Mientras tanto, el Gobierno Nacional conseguía más fondos internacionales para atender temas como contabilidad ambiental y adaptación al cambio climático. Pero seguía faltando un espacio suficiente de participación ciudadana. La veeduría presionó la conformación de la ley del Consejo de Cuenca y el plan de inversiones presentado por Corpoboyacá, que de nuevo incluye los dineros aportados por la cooperación francesa y da prioridad a la adquisición de maquinaria, obras y consultorías, sin incluir suficientemente acciones dirigidas a corregir las causas del deterioro del lago y la construcción de acuerdos sociales.
En este período que enmarca las respuestas del Estado para el manejo del lago y su cuenca se han producido nuevas alertas, pues este importante cuerpo de agua podría estar pasando umbrales de cambio irreversible, debido a la contaminación producto de la actividad agrícola, los asentamientos humanos y el cultivo de la trucha.
Asunto crucial que, además de la agenda ambiental convencional que ya recibe respuestas, requiere de intervenciones específicas que responden al carácter mismo del lago. Eso no es otra cosa que el mandato mismo de la convención Ramsar, que concilia el carácter ecológico del lago y el uso racional de sus recursos. Así, con un conjunto grande de acciones que hay que felicitar y vigilar, queda la duda sobre el norte de la intervención, que sólo podría lograrse con una participación suficiente. Pero hay esperanza.
En el mismo período que reseñamos, algunas organizaciones civiles y el Instituto Humboldt iniciaron diálogos con los productores de trucha en jaulas y algunos cultivadores de cebolla, con el fin de superar concertadamente los conflictos ambientales específicos que causan el deterioro del lago. Identidad ecológica y participación social deben ir unidas: esa es la gran lección para el futuro de este magnífico lago.