A cambiar el curso de las aguas

Aunque Colombia es una de las potencias mundiales en fuentes de agua, en un país tan desigual como el nuestro una mayor cantidad de agua no significa una distribución más equitativa y justa. / Foto: Bloomberg

El panorama que presenta el más reciente Estudio Nacional del Agua 2018, publicado la semana pasada con ocasión del Día Mundial del Agua, da para todo menos para celebrar. La situación de acceso y gobernabilidad de los recursos hídricos en el país es preocupante.

El acceso al agua es un derecho humano vital. En Colombia, según cifras del DANE, la cobertura del servicio de acueducto es de 92,3 %, mientras la de alcantarillado es de 88,2 %, es decir, hay más de 3,6 millones de personas sin acceso al primero y otras 5,6 millones que no cuentan con el segundo. Y ni hablar de las zonas rurales, donde ninguno de los dos servicios supera el 75 % de cobertura.

Para el resto de la población colombiana que sí tiene acceso a estos servicios la situación es angustiante, pues corre peligro cada vez que abre el grifo. Al menos 6,2 millones de personas consumen agua que representa un alto riesgo para la salud, y 368.000 están expuestas a que ese suministro contenga altas concentraciones de bacterias fecales, virus, parásitos, sustancias químicas tóxicas y metales pesados, lo que lo hace inviable para el consumo.

Aunque Colombia es una de las potencias mundiales en fuentes de agua, en un país tan desigual como el nuestro una mayor cantidad de agua no asegura una distribución más equitativa y justa. Como escribió Tatiana Acevedo en su columna de El Espectador, “profundas disparidades en términos de poder y acceso a los recursos se traducen en niveles diferenciados de acceso a infraestructuras” de suministro, saneamiento y drenaje. Esto se traduce en que quienes más sufren problemas de acceso a servicios de agua potable y saneamiento son las poblaciones vulnerables en zonas urbanas y rurales.

Una carga significativa de la responsabilidad recae sobre el Estado, pero en la gestión y gobernabilidad del agua también entran a jugar actores como los consumidores; sectores productivos como el minero-energético, el hotelero y el agropecuario (el mayor consumidor de agua del país), y las empresas privadas, que se han encargado de prestar servicios de abastecimiento y saneamiento con resultados dispares y, en algunas ocasiones, cuestionables.

A estos enormes retos se suman amenazas internas, como la depredación de los ecosistemas que regulan las fuentes hídricas y la contaminación proveniente de la minería, las industrias y los desechos domésticos, y amenazas externas como el cambio climático, que complicará el acceso al agua potable en el futuro debido a las sequías y las inundaciones. El Estudio Nacional del Agua alertó que un tercio de los municipios colombianos (391 de 1.101, en 24 departamentos) están en riesgo de sufrir desabastecimiento de agua en época de sequía.

El Estado debe garantizar que el agua llegue a toda la población en calidad y cantidad suficientes y dignas, pero la gestión y preservación de los recursos hídricos del país es un reto enorme que concierne a la sociedad entera y debe ser una prioridad. El agua es indispensable para la vida, ni qué decir para el desarrollo del país y el bienestar de todos. Este debe ser un llamado de alerta para cambiar el curso de las aguas.

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