La captura de Andrés Felipe Arias

El hecho innegable, no obstante, es que hay una condena judicial por el máximo tribunal del país y Arias se encontraba escondiéndose de la justicia colombiana.

No se puede atacar la institucionalidad para no enfrentar las consecuencias de los actos.

La captura de Andrés Felipe Arias por la Policía migratoria de Estados Unidos revive la polémica motivada desde el uribismo sobre si existe o no una persecución política contra los miembros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El hecho innegable, no obstante, es que hay una condena judicial por el máximo tribunal del país y Arias se encontraba escondiéndose de la justicia colombiana.

El discurso de la defensa del exministro ha sido el mismo desde que fue evidente que serían derrotados en juicio. Hablando a propósito de la captura por la Policía migratoria, Hans Burgos, abogado de Arias, dijo que “coincidencialmente lo que añade matices políticos al proceso es que ayer, precisamente cuando se firma el tratado de paz con las Farc, un grupo terrorista, arrestan al señor Arias”, e insistió que el exministro fue “acusado, condenado (y) sentenciado por tener opiniones contrarias al gobierno del presidente Santos”. En un tuit anunciando la captura, el expresidente Álvaro Uribe dijo que la ésta se dio por “presión de(l presidente Juan Manuel) Santos”.

¿Qué pruebas existen de que la Corte Suprema de Justicia toma decisiones para satisfacer los supuestos deseos del presidente de la República? Especialmente cuando los hechos que llevaron a la condena del exministro son tan problemáticos.

A partir de una investigación de la revista Cambio, se supo que un grupo de terratenientes se había apropiado irregularmente de los subsidios que entregaba el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), creado en 2006 para medir el impacto del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. y apoyar a campesinos en proyectos de agricultura. La forma en que se robaron los recursos fue parcelando grandes fincas para que les entregaran más recursos. Familias como los Dávila y los Vives Lacouture fueron los protagonistas del escándalo y varios de sus miembros terminaron condenados por haberse apropiado de más de $26.000 millones irregularmente.

Arias, ministro cuyo proyecto estrella era AIS, fue condenado a 17 años y cuatro meses de prisión, y a pagar una multa de más de $30.000 millones, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. En síntesis, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no tenía sentido otorgar “a dedo” los contratos del programa y que al permitir que estas familias sacaran provecho mediante su omisión al actuar tenía un interés ulterior de fomentar su carrera política, y que el exministro “permitió (la) apropiación ilegal de dineros públicos por parte de terceros”.

Arias se fue del país en junio del 2014, un mes antes de su condena en contra, y desde entonces está a la espera de que el gobierno de Estados Unidos decida si le concede o no asilo político.

Independientemente de las críticas que se le puedan formular a la decisión de la Corte Suprema de Justicia —hay quienes argumentan que la condena fue demasiado severa—, no puede pretenderse que cualquier decisión en contrario sea recibida descalificando las intenciones del órgano que la expide. En ausencia de pruebas contundentes al respecto, y ante la existencia de irregularidades evidentes, no hay motivos para deslegitimar el actuar de la Corte, y las autoridades, con la captura de Arias, lo único que están haciendo es cumpliendo la ley. El exministro tuvo la oportunidad de defenderse ante la Corte y luego huyó, lo que lo convierte en un prófugo de la justicia. No se puede atacar la institucionalidad para no enfrentar las consecuencias de los actos.

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