Cárceles, de nuevo

CADA TANTO EN ESTE PAÍS VUELVE, casi siempre bien evidenciado, el problema extremo de derechos humanos que viven los reclusos del país: el de los condenados, sí, pero también el de los que están a la espera (incluso durante una década) de que un juez penal les resuelva su situación jurídica.

Ir a una cárcel, más que ser un castigo legal, se convierte en muchos casos en una tortura: o mejor, y más acertado, en un estado de cosa inconstitucional, como declaró la Corte en 1998.

Si bien esa sentencia (T-153/98) se centraba, sobre todo, en el tema del hacinamiento, muchos son los estudios que ponen sobre el papel los otros problemas: los derechos recortados (a veces nulos) de salud y trabajo, los pocos espacios de esparcimiento que existen en el interior, y, en general, una carencia de garantías mínimas aseguradas. En las cárceles, según lo que sabemos del derecho que las rige, prima el principio de sujeción: la cárcel, para los reclusos, es el Estado. Y si bien algunas libertades son recortadas, otras deben garantizarse. Eso último es, justamente, lo que no sucede.

La médula de todo, sin embargo, sigue siendo el hacinamiento. Estas líneas han dicho en repetidas ocasiones que la solución a ese problema no es solamente la construcción de más cupos y de otros centros reclusorios: esa es, apenas, una medida paliativa. El diagnóstico debe ser más global: el hacinamiento se da por un excesivo uso de las penas altas, ineficacia de la justicia a la hora de impartirlas (datos del Ministerio de Justicia indican que el 30% de las personas que habitan estos centros no tienen una condena en firme) y un uso desmedido de figuras como la detención preventiva, que debería ser la excepción y no la regla. Dicho en cristiano: un uso sobreestimado de la cárcel.

El Gobierno, de nuevo, piensa presentar un paquete acorde con esta realidad. Su desarrollo se basa en cinco puntos: un sistema de salud para los centros penitenciarios, la entrega de 12.000 cupos carcelarios, la construcción de centros reclusorios mediante la asociación con el sector privado, la creación de una agencia de empleo para los reclusos que trabajen o estudien durante el cumplimiento intramuros de su pena y medidas, consensuadas con el Congreso, contra el “populismo punitivo”.

El plan de salud, pensamos, es algo obligado que hacía bastante falta desde hace mucho tiempo. Y son necesarios, asimismo, la construcción de más cárceles y el asegurar un centro de trabajo o educación. En cuanto a las asociaciones público-privadas y la disminución del “populismo punitivo” sí tenemos algunos reparos. Algunas preguntas, mejor.

De lo primero surge una pregunta obvia: ¿cómo se aplica allí el principio de “sujeción” si no es el Estado el que administra la cárcel? ¿Hemos revisado bien esa posibilidad? Ya sabemos que no siempre el sector privado corrige la ineficiencia del público: a veces se generan prácticas más perversas. Si esto ha de suceder, deberá ser planeado con una fórmula más estricta que la autorregulación del mercado. No es claro en lo que se ha conocido del proyecto cómo se plantean estas APP.

De lo segundo, nos parece, aún hacen falta esfuerzos más ambiciosos. La idea, según lo que se ha conocido, es que la detención preventiva sea la última medida que conceda un juez en el momento de la imputación de cargos. ¿Cuál es el gran cambio, si nuestro ordenamiento procesal ya lo contempla así? La pregunta real es: ¿qué política pública debe implementarse para que los jueces, en realidad, apliquen esto como la excepción y no como la regla?

Hay que ser más ambiciosos. Pensar en medidas alternativas, en penas extramurales y en una reducción drástica de los castigos en conjunto con un fortalecimiento de la eficacia en la justicia. Sin estos elementos, en los que hemos insistido desde este espacio editorial, estaremos hablando en pocos meses, de nuevo, sobre los problemas de las cárceles.

 

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