El ente investigador dijo que el cartel podría tener presencia en cuatro departamentos y unos 20 municipios, incluyendo Bucaramanga, Villavicencio, Chía, Tocancipá y La Calera. Esta semana están convocados a una audiencia de imputación el exalcalde de Mosquera Álvaro Rincón, su esposa Edith Rocío Peñuela, el concejal Víctor Julio Castellanos y el contratista Ernesto Pinto. La Fiscalía les imputará los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Como lo explicó en Semana Daniel Coronell, el modus operandi del presunto cartel consiste “en cambiar el POT o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de rural a urbano mediante pago de sobornos a concejales, alcaldes y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. De esta manera, se multiplica por miles de veces el valor de las tierras. Lo que se compró en hectáreas, se vende en metros cuadrados”.
En el caso de Rincón y compañía, según datos revelados por El Tiempo, la Fiscalía tiene evidencias de que Peñuela, mientras su esposo era alcalde, adquirió un lote de 41.400 metros cuadrados, el cual luego pasó de rural a urbano y su precio ascendió de $820 millones a $3.800 millones. Motivo suficiente para mirar de cerca las modificaciones al POT que se realizaron.
Es un alivio ver que las investigaciones siguen avanzando, especialmente porque estaban lideradas por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien ahora enfrenta un proceso por corrupción. Estos son casos muy preocupantes que deben ser llevados hasta las últimas consecuencias. Si existe un cartel, el país necesita conocer todos sus detalles.
En su columna, por ejemplo, Coronell habla de una serie de operaciones que involucran a personas cercanas al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. En ellas hay documentos adulterados, rebajas extrañas en el cobro de la plusvalía a ciertos predios, cambios a última hora y en fechas en que el país está distraído (como fin de año), y una serie de funcionarios que se van alternando cargos en distintas instancias del poder regional. La opinión pública y los electores del departamento merecen respuestas cuanto antes.
La corrupción en las regiones suele ser un secreto a voces plagado de rumores, pero de pocos hechos verificables. Por eso es tan importante que la Fiscalía pueda demostrar las irregularidades en la inversión de los recursos públicos. No sólo porque los responsables deben pagar si en efecto son culpables, sino porque eso envía un mensaje contundente al resto de mandatarios, concejales y contratistas: en Colombia no estamos dispuestos a ser complacientes con estas dinámicas perversas.
En pleno año electoral, esperamos que la Fiscalía pueda pronto dar más información sobre todos los involucrados, para que los colombianos no los sigan premiando en las urnas.
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