Caso en punta

En 1993, mientras conversaba con su mujer en el porche de su casa, Eustorgio Colmenares Baptista fue baleado por dos sicarios. La Unión Camilista del Eln se adjudicó, en un comunicado, el asesinato del director de La Opinión, de Cúcuta, quien desde sus editoriales fue implacable durante 30 años con las acciones de los grupos armados al margen de la ley. Otro periodista que por el simple hecho de llevar los principios del periodismo al extremo —la información, la verdad, la transparencia, la libertad de opinión— fue silenciado por las manos violentas de sus malquerientes.

Viendo su caso como una cifra, y de acuerdo con los conteos que la Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho desde que existe, Colmenares no tuvo la suerte de esos escasos 17 periodistas asesinados cuyos casos tienen sentencia, sino hace parte de los 122 restantes que descansan en la desastrosa impunidad e inoperancia del sistema judicial. ¿Por qué pasa esto? ¿Hasta cuándo tendremos que resistir los periodistas que nuestros colegas sean baleados en las calles sin que pase nada, sin que el Estado asuma sus deberes?

Viendo su caso como proceso judicial, todo ha sido un embeleco jurídico, que se mezcla con la ineptitud. Como tantas veces. Después de que los miembros del Eln confesaran, los organismos investigativos no dieron con autores materiales ni intelectuales. Hubo llamadas al DAS confirmando la identidad de los sujetos, hubo retratos hablados por parte del celador de un edificio. Y más cosas que no se entienden: los sicarios se estrellaron con un bus, abandonaron la camioneta en la que iban y se encontraron a su rápido paso con un vehículo que era conducido nada menos que por funcionarios del DAS, quienes reconocieron a uno de los sindicados. Y, sin embargo, pudieron huir.

En febrero de 1996, el fiscal que tenía el caso a su cargo precluyó la investigación. Un año después, la Procuraduría lo revivió y el fiscal delegado ante el Tribunal Nacional profirió resolución de acusación en contra de los sindicados. Las pruebas, argumentó, eran coherentes. Libró orden de captura, pero los acusados desaparecieron. Fueron juzgados en ausencia en 2001 por el juez penal del Circuito de Cúcuta, quien profirió sentencia absolutoria y remitió todo al Tribunal Superior, en grado de consulta.

Ahí quedó todo. El próximo 12 de marzo, cuando se cumplan 20 años de su muerte, el proceso caducará y ya nada más se podrá hacer. ¿Por qué está pasando esto? ¿Quiere decir que el país —y la familia de Colmenares, sobre todo— se quedará sin saber qué pasó, sin conocer justicia, sin que el Estado les responda?

La salida jurídica en la que piensa la familia, y por la cual han mandado una carta al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es que este delito sea declarado como de lesa humanidad. Cargo nominal que, de un plumazo, lo vuelve imprescriptible. Aun cuando entendemos la inconveniencia de generalizar la tipificación de los delitos de lesa humanidad, apoyamos esta iniciativa ante la inusitada incompetencia de nuestra justicia. La persecución evidente de la guerrilla contra La Opinión a través de los años es sustento poderoso y suficiente.

Ojalá, también, y si es concedida esta prerrogativa, el delito no quede en una impunidad histórica. Este instrumento debe servir para que la justicia se active, investigue, llegue a una sentencia. Que no sea usado como excusa para que se quede en punta. Ya hemos padecido la declaración de otros delitos de lesa humanidad como si este fuera el último paso, el caso juzgado. O como si fuera un regalo. Y no. Ojalá a la implacable historia de Eustorgio Colmenares no le pase lo mismo.

 

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