¿Censura o justa causa?

La administración del Fondo Nacional del Ganado ha estado lejos de ser óptima, a pesar de que Fedegán (su administrador hasta este año) mencione auditorías hasta 2013 con resultados positivos.

Pese a las acusaciones hechas por Fedegán en contra del Gobierno, la realidad indica que había motivos suficientes para arrebatarle la administración del FNG.

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), ha estado lanzando acusaciones preocupantes desde la semana pasada. Según dice, el gremio que dirige está siendo “perseguido por la expresión respetuosa de sus desacuerdos frente a la política pública y los grandes temas que afectan al sector agropecuario, como los acuerdos de La Habana”. En otras palabras, que el Gobierno le está cobrando cara su oposición al proceso de paz. Grave situación, de ser cierta. Pero una mirada cercana a lo sucedido invita a pensar que no se trata tanto de una persecución como de una intervención necesaria para proteger recursos públicos. Veamos.

El problema de fondo consiste en que el Ministerio de Agricultura le quitó en días pasados a Fedegán la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG) y decidió que esos recursos, al menos por el 2016, sean administrados por un encargo fiduciario otorgado a Fiduagraria. Fedegán había estado encargada del FNG desde su creación.

El FNG, creado por la Ley 89 de 1993, recibe los aportes parafiscales de cerca de 450.000 productores del sector ganadero y pesquero. Anualmente eso representa $100.000 millones que, en teoría, deben invertirse para impulsar la comercialización y exportación de leche y carne, y ayudar a financiar inversión en infraestructura e investigación. La Corte Constitucional sentenció que la administración del FNG debe garantizar la representatividad de todos los aportantes al fondo. Apenas lo justo.

Ahí empezaron los problemas, pues Fedegán en su momento no representaba a más del 15 % de los ganaderos y lecheros aportantes al FNG. Por eso, desde el 2013, cuando Juan Camilo Restrepo era ministro de Agricultura, el contrato de administración del FNG se venía prorrogando a corto plazo, bajo la condición de que Fedegán hiciera una reforma de sus estatutos para garantizar la representación exigida por la Corte.

Sin embargo, ese no es el único reparo a la administración del fondo por Fedegán. Tres contralores distintos cuestionaron la utilización de los recursos. La situación llegó al punto que el FNG entró a la ley de quiebras, pues al tener el 78,67 % de las acciones de Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. (Friogán), es codeudor de los cerca de $50.000 millones en deudas que tiene esa empresa (la cual, por cierto, también está en ley de insolvencia). Además, el FNG tiene deudas que superan los $9.000 millones.

Lo dijo el actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri: “es la primera vez en la historia que un fondo parafiscal entra en ley de reestructuración financiera o ley de quiebras”. La Contraloría cuestionó que el FNG entrara en insolvencia para garantizar los recursos de Friogán, pues eso “genera riesgos para la conservación e integridad de su patrimonio, por considerar que dicha situación administrativa es ajena a la naturaleza de la parafiscalidad, a la cual, en todo caso, nunca debió llegar el FNG”. En resumen, la administración del FNG ha estado lejos de ser óptima, a pesar de que Fedegán mencione auditorías hasta 2013 con resultados positivos.

El ministro Irragori anunció la venta de la participación en frigoríficos y el reenfoque de la inversión de los dineros del FNG para cumplir los objetivos definidos desde su creación. Debía hacerse para garantizar que los aportes de todos los involucrados lleguen a buen puerto.

No es este un caso de libertad de expresión, por más que así lo quiera plantear Lafaurie. Las razones sobraban para tomar medidas cuanto antes.

 

 

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