Las cicatrices abiertas del conflicto armado

Un cese al fuego definitivo, aunque es esencial, no será suficiente para corregir los factores de victimización en el territorio nacional.

Los altos costos que el conflicto armado sigue teniendo en Colombia también nos arrojan luces sobre cuáles van a ser los principales retos en la clara probabilidad de que llegue a buen puerto el proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc.Archivo El Espectador

Esta semana se dieron a conocer dos estudios que nos permiten valorar los altos costos que el conflicto armado sigue teniendo en Colombia y que también nos arrojan luces sobre cuáles van a ser los principales retos en la clara probabilidad de que llegue a buen puerto el proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc. Dos cosas son claras: un cese al fuego definitivo, aunque es esencial, no será suficiente para corregir los factores de victimización en el territorio nacional.

El primer estudio lo realizó el Institute for Economics and Peace (IEP), a través de su Global Peace Index (Índice Global de Paz), en el cual encontró que el gasto de contener la violencia en Colombia ha crecido 53 % desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en la última medición, equivalente al 30 % del Producto Interno Bruto. Además, nos ubican como el séptimo país que más impacto económico ha tenido por la violencia dentro de su territorio. Aunque la situación es compleja, no deja de ser útil pensar en todo lo que podría haberse hecho en términos de inversión social con ese dinero que hemos desperdiciado matándonos entre nosotros.

No obstante, el panorama no sólo es desolador para Colombia. Según la misma medición, la violencia en general en el mundo viene en aumento, y su impacto en la economía global alcanzó un total de US$13,6 billones o el 13,3 % del producto bruto mundial, equivalente a 11 veces el tamaño de la inversión extranjera directa internacional. Independientemente de las válidas objeciones al proceso de negociaciones que adelanta el Gobierno, estas cifras, con todo y lo despersonalizadas que suenan, sirven de amargo recordatorio de los costos que produce la insensatez de los conflictos.

En el lado humano, no obstante, también hay motivos para seguir exigiendo una mejoría en la realidad nacional. Según un informe presentado por Codhes y la Red Pluriversitaria para la Construcción de Territorios Sumak Kawsay, el desplazamiento de personas en Colombia aumentó el año pasado. En el 2015 se registraron 225.842 personas que abandonaron sus hogares y llegaron a 961 municipios. Un incremento del 9 % con respecto a lo reportado en 2014 (204.832). Y son los indígenas, afrodescendientes y las mujeres, los más afectados.

Por supuesto, y como breve motivo de esperanza, estamos lejos de los altos históricos (519.047 desplazados durante la administración de Andrés Pastrana y 739.053 durante la de Álvaro Uribe), pero esta cifra lleva el total de desplazados acumulados en el país a 7’345.023. Haciendo un cálculo simple, eso quiere decir que un sexto de la población colombiana ha tenido que huir de sus hogares. ¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir obligando a las personas a migrar sin que sea su voluntad?

Este informe sirve para identificar los puntos más álgidos: el Catatumbo, Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Putumayo, Caquetá, Arauca, el Darién chocoano y Urabá antioqueño, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, y también para ver que el problema no son únicamente las Farc. De hecho, los investigadores advierten que el desplazamiento se debe a “la continuación de la militarización de los territorios de comunidades étnicas” y al “accionar de los grupos paramilitares posdesmovilización con el ánimo de mantener el control sobre la población y expandir sus dominios en los posibles vacíos territoriales que dejarían las Farc”. Es decir, estamos padeciendo los efectos colaterales de una desmovilización que fracasó, unida a la histórica ausencia estatal en los territorios más calientes.

Son muchas las señales de cautela que el Gobierno y las autoridades regionales deben identificar en estos estudios. Preocupa, además, que sean las poblaciones minoritarias las que sigan siendo abusadas por su vulnerabilidad. Desde ya tienen que ponerse en marcha planes ambiciosos de intervención social, recuperación del territorio y, sobre todo, entendimiento entre las poblaciones y el Estado, que para muchas personas es un desconocido o, peor aún, un cómplice de los victimarios. Falta mucho trecho para la paz, pero por lo menos sabemos por dónde empezar.

 

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