La gestión ambiental del Gobierno Nacional parece estar plagada de incoherencias. Es evidente que no es fácil poner en práctica de forma simultánea decisiones acordes con políticas que tienden al crecimiento económico y equilibrio fiscal del país y otras en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, que el mismo Gobierno ha liderado a nivel internacional. Pero el límite aceptable de convivencia política sin que pase nada, en temas potencialmente contradictorios, ha sido superado. Colombia necesita planes integrales, coherentes y con visión de largo plazo.
Hace unas semanas señalábamos la necesidad de un cambio de rumbo en la gestión de la cartera ambiental. Otro diario de importancia nacional y vocero de los empresarios fue más lejos la semana pasada y pidió la cabeza del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. Si a nosotros nos preocupaba su debilidad en defensa del ambiente, algunos empresarios echan de menos un liderazgo desde el ministerio en asuntos complejos, como evitar que prospere la inseguridad jurídica y se generen demandas que se trasladan a fuertes sanciones en contra del Estado. Lo sucedido estas semanas con la licencia ambiental de exploración en la zona de influencia de La Macarena rebosó la copa.
Se ha revelado información incompleta, por decir lo menos, cuando el director de la ANLA se ha referido a las autorizaciones allí decididas. Estas, además, no son armónicas con la gestión de un área de manejo especial, ni conocidas a fondo por Parques Nacionales. También fueron objeto de reprobación del Instituto de Investigaciones Sinchi, órgano científico del Sistema Nacional Ambiental. Saltan a la vista incoherencias administrativas cuestionables. Resulta desalentador que este asunto haya tenido que ser detenido por intervención directa del presidente de la República, luego de un profuso rechazo ciudadano, como si aquí no hubiera institucionalidad.
La falta de coherencia en este caso es aún más dramática si se toma en cuenta que en esta zona se juega la capacidad del Gobierno de mostrar con cifras reales el freno a la deforestación, cuyo riesgo se ve sensiblemente aumentado por la exploración y eventual explotación de hidrocarburos. Justamente el jueves fue divulgada la alerta temprana de deforestación de parte del Ideam, que señala con claridad la susceptibilidad de pérdida de cobertura forestal de estas áreas.
Como si no fuera suficiente, el vicepresidente sorprendió cuando, a propósito de la troncal Santa Marta-Barranquilla, tuvo la desafortunada ocurrencia de manifestar que la existencia de un parque nacional —Isla de Salamanca— era un “obstáculo” para la obra. No puede ser que desde ese nivel del Ejecutivo se ponga en tela de juicio la existencia de las áreas protegidas. ¿Ve el Gobierno el medio ambiente como un obstáculo para sus proyectos? ¿En dónde quedan los compromisos ambientales suscritos a nivel internacional?
Le llega pues al presidente Juan Manuel Santos la hora de destapar sus cartas, para intentar ganar una partida que se hace más difícil y compleja. Porque no podemos aspirar a ingresar a la OCDE solo con retórica. No podemos ambientar —literalmente— el posconflicto con políticas que no lo favorecen. No puede el conflicto armado ser reemplazado en parte por uno socioambiental. Eso no casa con la paz territorial que se promete. No puede ser que detrás de esta situación lo que haya sea indolencia. Tampoco es creíble que para tener desarrollo económico haya que sacrificar los recursos ambientales, cada vez más valiosos en la coyuntura mundial.
El equilibrio no es fácil de obtener, pero esa es la magnitud del reto que enfrenta el país, y el Gobierno debe dejar de preferir una de las dos posiciones y plantear una estrategia que deje las reglas claras de una vez por todas.
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