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hace 2 horas

¿Comprometidos con la Ley de Víctimas?

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en Colombia en medio de aplausos y felicitaciones al Gobierno.

Una iniciativa que fue aprobada en un tiempo muy corto y de manera casi unánime. Santos dio un paso muy importante, y aunque la ley ostente algunas falencias como el esclarecimiento histórico o la definición misma de “víctima”, entre otras, es un avance gigantesco en cuanto a la visibilidad de las víctimas, los derechos —tanto del orden nacional como del internacional— que a ellas asisten y el establecimiento de todas las fases y medidas para hacer efectiva su reparación.

¿Qué sigue? Lo más importante después de su poder simbólico: la aplicación. A menos de 30 días de realizarse las elecciones regionales y locales, una parte importante de lo que debe tenerse en cuenta —tanto para votantes como para candidatos— es, si quiere tomarse en serio, la aplicación de esta ley. Esto es claro ya que, como lo afirman los expertos, es a nivel local que las víctimas exigen una reparación a su favor. La verdadera puesta en marcha de esta política comenzará cuando queden en el poder los distintos funcionarios elegidos después de octubre. Un esfuerzo como este no puede quedarse en el papel; por ende, hay que estar preparados.

Lo primero es sumar esfuerzos para la consecución de dichos objetivos. Esto ya se ha venido haciendo. Hace ya un mes se unieron distintas organizaciones —Nuevo Arco Iris, Codhes y Redepaz son algunas de ellas— que tuvieron la iniciativa de diseñar un pacto para ser firmado por los candidatos, en el que asumen el compromiso de incluir el pleno acatamiento de la ley en los planes de gobierno y además implementar las políticas públicas territoriales para su realización. Así lo han firmado algunos candidatos a las alcaldías de Bogotá, Bucaramanga y a la gobernación de Santander.

Este compromiso no es nada corto. Incluye diseñar, dentro de las políticas del gobierno local, una serie de medidas que incluyan lo siguiente: programas de atención, que deben comprender la orientación, información y acompañamiento permanente a las víctimas; asistencia, es decir, algunas medidas para restablecer la vigencia efectiva de sus derechos; ayuda humanitaria, como socorrer las necesidades de aseo o alimentación; y finalmente reparación, que significa restituir, indemnizar, rehabilitar, satisfacer y garantizar la no repetición.

Aparte de éstas, se encuentran también otras tareas: la seguridad de las víctimas, la participación de las mismas en el diseño de las políticas, el desarrollo de toda la gestión de una manera pronta y eficaz, en donde la burocracia sea reducida al mínimo, y la concertación con el Gobierno, el primero que deberá reglamentar el tema.

La ley es un reto inmenso. Los candidatos, pese a ello y por el momento, se ven muy inclinados a darle un cumplimiento debido. Sólo esperamos que no sea una simple promesa de campaña que se quede en el aire dando vueltas, sino que más bien se convierta en una política pública clara y diferenciada, que no se confunda ni camufle con otras políticas sociales o de emergencia emprendidas por los gobiernos. A menos de un mes de que queden listos los cargos públicos, hay que hacer mucho más énfasis en un tema que, por obligación y no como un lineamiento opcional del programa, deben tener en cuenta todos los futuros gobernantes.

La hora de las víctimas puede llegar o no. Dependerá de la buena voluntad de los gobiernos por aplicar de manera concreta la ley, sin disfraces, sin esperas innecesarias, ajustada a los requisitos y principios que en ella misma se enuncian. Usar el instrumento es un tema fundamental para este país.