Con el permiso de sus señorías...

La Corte Constitucional llegó a la curiosa conclusión de que no existe el derecho a la mortificación. / Ilustración: Getty Images

La Corte Constitucional ha mostrado su faceta más solidaria con el autoritarismo en su más reciente decisión sobre los insultos en las redes sociales. Al decir que no se puede “mortificar” a otras personas en ciertos casos, está abriendo un boquete para que los jueces colombianos intervengan de manera caprichosa en el ejercicio de la libertad de expresión. Preocupa que los magistrados se sientan tranquilos introduciendo tal nivel de inestabilidad en un derecho fundamental de los colombianos.

Después de mucha consideración sobre cuál es la mejor manera de regular la libre expresión en las redes sociales, la Corte terminó traicionando su valiente y reiterada defensa del discurso de los colombianos, incluso si es ofensivo. Al estudiar una tutela que involucra un mensaje compartido en Facebook, en el que se asegura que una persona es mafiosa, corrupta y “ratera”, el alto tribunal llegó a la curiosa conclusión de que no existe el derecho a la mortificación.

Sobre el papel, lo dicho por la Corte suena bien. La presidenta del alto tribunal, Gloria Ortiz, explicó que la libre expresión prima “a menos que con sus comentarios, con sus opiniones, se afecte gravemente la dignidad de una persona hasta el punto que (la) humille y le afecte el derecho a vivir de manera digna”. Estamos de acuerdo, además, en que las expresiones directamente calumniosas o injuriosas, como han sido definidas en el Código Penal, están más allá del derecho a la libre expresión.

El problema es que la “humillación” y la vida “digna” no son criterios objetivos (como sí ocurre, por ejemplo, en los casos de calumnia), sino que dependen de un montón de factores. Incluir la repetición como una característica para determinar que una opinión es ilegal crea innecesarias consideraciones nuevas. Los jueces podrán decidir que una determinada opinión expresada en numerosas ocasiones ya cruzó una línea imaginaria y se convirtió en una “mortificación”. Eso es un precedente muy peligroso.

La libertad de expresión es un derecho frágil y problemático, pues siempre entra en pugna con otros derechos. Además, evaluar los discursos a menudo termina dependiendo de criterios subjetivos: ¿cómo definimos que una ofensa ya fue demasiado lejos? ¿Cuántas repeticiones del mismo insulto lo vuelven insoportable? ¿Qué perdemos cuando obligamos, con toda la fuerza del Estado, a que un ciudadano borre sus expresiones en sus redes personales?

La Corte pasó por encima de esas cuestiones. Según lo dicho por el tribunal, se estudiará caso por caso de la manera más rigurosa posible. Eso, sin embargo, no soluciona el problema de fondo, y es que se abrió la puerta para juzgar opiniones y censurarlas. Habrá que esperar que sus señorías consideren que un insulto no ha sido dicho demasiadas veces y, por ende, puede ser expresado.

La ofensa tiene un valor democrático. La expresión de la frustración es esencial en las sociedades. Las redes sociales han empeorado estas situaciones, sin duda, porque nunca antes ha sido tan fácil y tan eficiente difundir y masificar insultos contra otras personas. Pero la Constitución entiende que los discursos problemáticos están en la raíz de los debates más importantes de las sociedades. El autoritarismo, en oposición, siempre busca excusas para silenciar a los ciudadanos, para decirles qué pueden y no pueden expresar, y qué ideas están proscritas. Para un tribunal de tradición tan respetable es decepcionante verlo acercarse a esa posición tan peligrosa.

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