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Sigue siendo debatido en el Congreso de la República el referendo que busca limitar el universo de personas que pueden adoptar niños en el país. La pregunta que se les plantearía a los colombianos, propuesta por la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, está encaminada a prohibir que las personas solteras y las parejas del mismo sexo les abran las puertas de sus hogares a menores de edad que no tienen padres. La discusión a estas alturas parece estancada y, lastimosamente, ha sido secuestrada por posiciones inamovibles y tercas. Es descorazonador que tantos parlamentarios se aproximen al tema viéndolo como una cuestión de puro cálculo político. ¿No estarán nuestros líderes políticos a la altura de las promesas que se hicieron en la Constitución?
Nos explicamos. Más allá de todas las estrategias de interpretación retórica empleadas por la senadora Morales para sustentar la urgencia del referendo, no es difícil ver que se trata en el fondo de discriminación: se ha insistido de mil maneras en la idea de que las personas solteras y las parejas del mismo sexo no son aptas para criar hijos. Más aún, se ha repetido hasta el cansancio que este debería ser un problema solucionado en las urnas, bajo el argumento de que las mayorías son idóneas para establecer cuáles son las políticas nacionales sobre la familia. Entonces se ha dibujado un panorama atractivo para los parlamentarios: si apoyan el referendo, pueden excusarse en la democracia para lavarse las manos y quedar bien con una porción no menor del electorado. Claro, en el proceso atropellan a varias minorías, pero se entiende por qué en ese cálculo perverso ven más beneficios en apoyar la aprobación del proyecto.
El problema es que los argumentos de Morales y compañía son falsos. No vamos a entrar en detalles, pues ya le hemos dedicado suficiente espacio a la abrumadora evidencia científica en contra de la idea de que sólo las parejas heterosexuales deberían poder criar hijos, pero vale la pena apelar al sentido común. En este país de madres solteras cabezas de hogar, ¿de verdad queremos decir que una mujer no puede adoptar y brindarle una familia a un niño, sólo por no tener pareja? Y una pareja del mismo sexo que cumpla con todos los requisitos, ¿no podrá adoptar, simplemente por su orientación sexual?
La otra pregunta de fondo es si estamos dispuestos a creer que la democracia es simplemente el capricho de las minorías. El pacto social de la Constitución de 1991 dice que en Colombia se respetará a todos los colombianos, sin importar cuántos sean, y se protegerá especialmente del atropello de los prejuicios. Quienes quieren censurarles derechos a las personas homosexuales porque se sienten mayoría, ¿acaso no les preocupa que algún día, digamos, se inicie una persecución religiosa a través de las urnas? ¿No gana más el país teniendo un sistema donde haya salvaguardas para que no prime el capricho de nadie?
La Procuraduría de Fernando Carrillo entiende esta preocupación y cambió su posición institucional sobre el referendo. La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, insistió en que “las mayorías no son las llamadas a definir la clase de familia que un niño, niña o adolescente declarado en adoptabilidad debe tener, porque no es un tema que pueda definirse en las urnas”, y explicó lo que debería ser obvio: “si lo que se pretende es garantizar la idoneidad física, mental, moral y económica de los que se postulan como padres adoptantes, ello sólo puede hacerse caso a caso, después de los estudios y análisis propios de este proceso”. Estamos de acuerdo, y cualquier persona preocupada por los principios de nuestro Estado de derecho, esperamos, debería también encontrar que esta posición es razonable.
Pero, lastimosamente, ya no estamos hablando de sentido común. Los dos millones de firmas del referendo son un suculento tesoro electoral, un grupo de votantes al que muchos congresistas no quieren renunciar. Y, por supuesto, siguen existiendo los prejuicios, aun cuando han sido desvirtuados con pruebas científicas. Esperamos que los parlamentarios se sacudan de sus cálculos políticos y se percaten de que lo que está en juego no sólo son los derechos de los niños, que se violarían de aprobarse el referendo, sino las promesas de país sobre las que hemos venido construyendo Estado desde 1991.
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