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Los temores que han surgido contra el Acuerdo de Escazú son infundados. Peor aún, la oposición a su ratificación por parte de algunos congresistas, empresarios y líderes de opinión amenaza con dejar que Colombia se atrase en la protección ambiental. Quienes argumentan que estamos ante innecesarios obstáculos para el desarrollo económico y una pérdida de soberanía no están viendo que el paradigma global cambió, que no hay futuro sin sostenibilidad ambiental y que los mismos financiadores internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, quieren fomentar que los países sean más serios en su compromiso con cuidar el medio ambiente.
Colombia tiene un serio problema y una gran responsabilidad. Tenemos en nuestro territorio muchísima riqueza natural que debemos proteger. Sin embargo, somos el segundo país de América Latina y el quinto en todo el mundo con más defensores de derechos ambientales asesinados, según cifras de Global Witness. Además, más allá de que nuestra normativa se ha venido actualizando para estar a la vanguardia mundial de la protección del medio ambiente, la realidad es que no tenemos las capacidades instaladas para hacer valer las leyes, capacitar a los jueces ni ejercer control territorial sobre los espacios que tienen que ser protegidos. Ante todo eso, el Acuerdo de Escazú es una oportunidad para poner en práctica nuestros compromisos ambientales, pero el Congreso se niega a ratificarlo.
Es curioso que los partidos que hace poco se declaraban protectores de los páramos y del agua ahora saquen cuanta excusa posible para desacreditar el tratado. También es extraño que el presidente de la república, Iván Duque, haya dicho que el acuerdo “es uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región”, pero su propio partido político, el Centro Democrático, es uno de los principales opositores.
Hay que ser claros. Este tratado internacional, que es el primer esfuerzo regional que reconoce a los defensores de derechos ambientales, no viene a expropiarnos la soberanía; al contrario, lo que pide es que el país organice mejor sus leyes y sus compromisos y los aterrice en la práctica. También tiene un peso simbólico enorme: les dice a todos los defensores de derechos ambientales en Colombia que no están solos, que su lucha es valiosa para nuestro país.
En la práctica, como explicó Rodrigo Uprimny en El Espectador, el Acuerdo de Escazú fortalece la capacidad de los ciudadanos para consultar información ambiental, motiva la participación de las personas, empodera a los administradores de justicia y protege a los defensores ambientales. Cuando anunció su firma, el presidente Duque dijo que este era uno de los resultados de la gran conversación nacional que lideró después de las manifestaciones del año pasado. En sus palabras: “Una de las mesas que ha sido más enriquecedora ha sido la de medio ambiente, donde todos los sectores (académicos, científicos, empresarios, líderes sociales) han planteado la importancia de tomar acciones y ahí hay una gran confluencia en lo que queremos como Gobierno y lo que quieren los ciudadanos”.
Entonces, el Congreso debería dejar de darle vueltas a la ratificación y llevarla a cabo. Con eso, Colombia adoptaría liderazgo regional en temas ambientales y podría seguir fortaleciendo sus capacidades internas. No olvidemos que la emergencia climática es el reto más grande que estamos enfrentando y los defensores ambientales son nuestros aliados en ese proceso.
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