Crisis y violencia en Parques Naturales
El Espectador
La batalla por los parques naturales colombianos muestra todo lo que le falta al Estado para poder ejercer control del territorio nacional. En los últimos tres días, se denunció que los guardaparques de las áreas protegidas en la Amazonia tuvieron que dejar sus puestos por amenazas de las disidencias de las Farc y vimos cómo un grave incendio consumió un área todavía por determinar de La Macarena.
Según relata Carlos Castaño, exjefe de Parques Naturales, los funcionarios a cargo de resguardar las áreas protegidas de la Amazonia recibieron un ultimátum. Al parecer, las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales quieren amedrentar al Estado para seguir deforestando sin control, espantando al turismo y robándoles a los colombianos el acceso a zonas de alto valor ambiental, social y cultural. “Las disidencias de las Farc les dieron 48 horas a los funcionarios de Parques Nacionales para que salieran de las áreas protegidas”, dijo Castaño.
La Paya, Yaigojé Apaporis, Chiribiquete y Cahuinarí son algunos de los parques donde los funcionarios tuvieron que huir. No son los únicos: hay denuncias de presencia de grupos armados en varias zonas importantes del país, incluyendo La Macarena y El Cocuy.
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Defensa, argumenta que esta situación es una respuesta a los esfuerzos por disminuir la deforestación en la Amazonia y la Orinoquia. Según contó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se han recuperado 1.900 hectáreas gracias a la operación Artemisa. Ese es el nombre del plan maestro ejecutado por la Fuerza Pública para hacer presencia en los territorios y atacar la ganadería extensiva, la minería ilegal y la deforestación.
Lo que hemos visto, sin embargo, es que los grupos al margen de la ley pueden hacer mucho daño. “Los infames incendios en la serranía La Macarena, que durante ocho días han consumido, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cerca de 220 hectáreas de vegetación, solo pueden ser atribuidos a la mano criminal de grupos al margen de la ley, que pretenden explotar estos territorios sembrando coca, y acabando con nuestros bosques, nuestras reservas y nuestra vida como nación ambiental, turística y sostenible”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esto se une al clamor de los guardaparques por tener ayuda estatal para poder hacer su trabajo.
En Colombia, ser funcionario en Parques Naturales se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. Entre 1994 y 2020, han sido asesinados 12 guardaparques. Hace apenas unas semanas, Yamid Alonso Silva fue asesinado en El Cocuy, al parecer a manos de miembros del Eln. Las autoridades atraparon a los responsables, pero los guardaparques de todo el país se sienten, con razón, temerosos.
Harían bien el Gobierno y el Ejército otorgando más vigilancia en los Parques Naturales. El acompañamiento estatal a los guardaparques debe ser contundente para que no quepa duda alguna: un ataque a uno de ellos es una afrenta al país entero.
El proceso de recuperación de los territorios es difícil, pero debe continuar. Una de las principales promesas del Acuerdo de Paz era que en Colombia no habría espacios vedados. Por la sostenibilidad ambiental del país, por el potencial turístico y por la relevancia cultural, los Parques Naturales tienen que ser espacios seguros. Es urgente que así sea.
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La batalla por los parques naturales colombianos muestra todo lo que le falta al Estado para poder ejercer control del territorio nacional. En los últimos tres días, se denunció que los guardaparques de las áreas protegidas en la Amazonia tuvieron que dejar sus puestos por amenazas de las disidencias de las Farc y vimos cómo un grave incendio consumió un área todavía por determinar de La Macarena.
Según relata Carlos Castaño, exjefe de Parques Naturales, los funcionarios a cargo de resguardar las áreas protegidas de la Amazonia recibieron un ultimátum. Al parecer, las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales quieren amedrentar al Estado para seguir deforestando sin control, espantando al turismo y robándoles a los colombianos el acceso a zonas de alto valor ambiental, social y cultural. “Las disidencias de las Farc les dieron 48 horas a los funcionarios de Parques Nacionales para que salieran de las áreas protegidas”, dijo Castaño.
La Paya, Yaigojé Apaporis, Chiribiquete y Cahuinarí son algunos de los parques donde los funcionarios tuvieron que huir. No son los únicos: hay denuncias de presencia de grupos armados en varias zonas importantes del país, incluyendo La Macarena y El Cocuy.
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Defensa, argumenta que esta situación es una respuesta a los esfuerzos por disminuir la deforestación en la Amazonia y la Orinoquia. Según contó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se han recuperado 1.900 hectáreas gracias a la operación Artemisa. Ese es el nombre del plan maestro ejecutado por la Fuerza Pública para hacer presencia en los territorios y atacar la ganadería extensiva, la minería ilegal y la deforestación.
Lo que hemos visto, sin embargo, es que los grupos al margen de la ley pueden hacer mucho daño. “Los infames incendios en la serranía La Macarena, que durante ocho días han consumido, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cerca de 220 hectáreas de vegetación, solo pueden ser atribuidos a la mano criminal de grupos al margen de la ley, que pretenden explotar estos territorios sembrando coca, y acabando con nuestros bosques, nuestras reservas y nuestra vida como nación ambiental, turística y sostenible”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esto se une al clamor de los guardaparques por tener ayuda estatal para poder hacer su trabajo.
En Colombia, ser funcionario en Parques Naturales se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. Entre 1994 y 2020, han sido asesinados 12 guardaparques. Hace apenas unas semanas, Yamid Alonso Silva fue asesinado en El Cocuy, al parecer a manos de miembros del Eln. Las autoridades atraparon a los responsables, pero los guardaparques de todo el país se sienten, con razón, temerosos.
Harían bien el Gobierno y el Ejército otorgando más vigilancia en los Parques Naturales. El acompañamiento estatal a los guardaparques debe ser contundente para que no quepa duda alguna: un ataque a uno de ellos es una afrenta al país entero.
El proceso de recuperación de los territorios es difícil, pero debe continuar. Una de las principales promesas del Acuerdo de Paz era que en Colombia no habría espacios vedados. Por la sostenibilidad ambiental del país, por el potencial turístico y por la relevancia cultural, los Parques Naturales tienen que ser espacios seguros. Es urgente que así sea.
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